CHIAPAS: SECRETOS PERDIDOS DE UNA GUERRA

El escrito de Riviello sirvió para un análisis realizado por el área inteligencia militar,  la Sección Segunda (S-2) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dividido en cinco apartados que se envió al general Enrique Cervantes Aguirre, entonces titular de la Sedena.

En el apartado dos titulado “De las respuestas del Lic. Salinas sobre el conflicto en Chiapas”, Riviello anotó:

A.-El Lic. Salinas de Gortari se presenta como víctima de la ineficiencia de las instituciones responsables de haber previsto la situación que desembocó en el levantamiento armado del 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas. Si bien no niega que tenía conocimiento de un presunto movimiento guerrillero, sí afirma categóricamente que nunca se le informó de la magnitud de éste, reforzando esta afirmación con la referencia a su visita a Guadalupe Tepeyac, donde más tarde se encontraría el centro de dirección del E.Z.L.N.

B.- Es evidente que el Lic. Salinas tuvo conocimiento oportuno y cabal de la gestación del movimiento armado, con mucha antelación, prácticamente desde el inicio de su gestión al frente del Ejecutivo Federal, aún cuando en un principio se pensó que los grupos armados que se detectaron en la zona eran guerrilleros guatemaltecos que usaban como refugio el estado de Chiapas. 

C.- La información que esta secretaría fue recabando paulatinamente se le hizo de su conocimiento, señalando desde el inicio de su administración el preocupante activismo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y el adoctrinamiento que ésta realizaba entre las comunidades indígenas.

D.- La información más completa que se le proporcionó al Lic. Salinas, se le presentó en los acuerdos de 9 de junio de 1993 y el 12 de agosto de 1993, en los que ya se habla de las Fuerzas de Liberación Nacional y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de sus integrantes, las poblaciones y localidades donde se ha detectado su actividad, de su red de comunicaciones, códigos de mensajes, las organizaciones que los apoyan, la ubicación de sus campamentos y su estrecho vínculo con los religiosos y religiosas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, encabezados por el obispo Samuel Ruíz. 

E.- Existen algunos acontecimientos paralelos que pueden representar puntos de reflexión respecto a la actitud del ex presidente Salinas en relación a la situación de Chiapas.

―Entre los años 1991-1992, acudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (E.M.D.N S-5) el doctor Alberto Zekelly, en ese entonces funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la pretensión de que esta dependencia mostrara su acuerdo para que nuestro país suscribiera el protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, que regula conflictos armados de carácter interno.

―Esta Secretaría estuvo en desacuerdo por considerar que con la firma de ese protocolo se ponía en riesgo de afectación la soberanía del país y se abría la posibilidad de una injerencia externa que en un caso determinado, incluso tratándose de bandas de narcotraficantes, pudieran alcanzar un status beligerante y, en consecuencia, acogerse al derecho internacional. 

―Ante esta negativa el Dr. Zekelly propuso que se accediera a una petición de la Cruz Roja Internacional, para abrir una oficina en México. Esta Secretaría también se mostró contraria a esta pretensión.

El escrito decía que el enviado de la Cancillería mantenía “vínculos estrechos” con organizaciones que apoyaban al EZLN, además de que la Cruz Roja Internacional obtuvo autorización presidencial para ingresar al país desde el levantamiento armado. Su presencia fue más visible durante la liberación del general Abasalón Castellanos Domínguez, el ex gobernador de Chiapas secuestrado en enero de 1994 por la guerrilla. 

Para la S-2 los documentos y la información aportada por el ex secretario de la Defensa Nacional eran prueba “irrefutable de que la labor de Inteligencia realizada en Chiapas fue oportuna y que los resultados fueron completamente conocidos por el Lic. Salinas de Gortarí”. 

El ex secretario de la Defensa se sentía traicionado por los dichos de su antiguo jefe. Lo conocía y sabía de lo que era capaz. Varios episodios con el narco que algunos altos mandos militares conocían de su hermano Raúl, estaban archivados y catalogados como “secretos”. Pero de eso no hablaría. 

El general Riviello Bazán dejaría para la posteridad su versión de lo que vivió y la forma en cómo el Ejército realizó una de las labores de recopilación de información más acuciosas para “mapear” a la guerrilla en Chiapas. El manuscrito fue titulado El Libro de Chiapas. Legal, Legítima, Necesaria, el general Riviello ahí cuenta no sólo la evolución del EZLN, sino la manera en cómo se tejieron los hilos invisibles que llevaron al grupo armado a irrumpir con un plan bien definido de posición de sus mensajes, más allá del avance y toma de comunidades con la que se dio a conocer. 

Riviello citaba el discurso, al iniciar su texto de poco más de 170 páginas, de aquel 9 de febrero de 1994 en la ceremonia del Día de la Lealtad, donde decía que no se debería olvidar y “repetirse cuantas veces sea necesario, que el Ejército Mexicano fue atacado por el grupo transgresor”. El EZLN había declarado la guerra y disparó contra los soldados y sus instalaciones. Enfático reiteraba: “Fuimos los agredidos”.  

“Lo anterior lo dirige el párroco de Sabanilla Felipe de Jesús Toussant Loera, y en donde se localizan equipos de radio. No se efectúan detenciones pero se mantiene en observación dicho lugar. A este grupo se le identificó como miembros de las “Fuerzas Armadas de Liberación Nacional”, remanente de los grupos ubicados desde los años 70 y que serían conocidos meses después como parte del ‘Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)’”. 

El 20 de marzo de 1993 campesinos de San Isidro Mitzitán, habitantes de la ranchería “El Ocotal”, relataron cómo capturaron y asesinaron a dos miembros del Ejército cuando descubrieron su campamento donde realizaban prácticas de adiestramiento guerrillero. Los militares fueron mutilados con hachas y sierras y posteriormente incinerados. “Quedando únicamente los anillos matrimoniales y otros objetos que no se alcanzaron a destruir por el fuego”, relata en su libro el general Riviello. 

El ex secretario de la Defensa no ocultaba su animadversión al obispo Samuel Ruiz cuando relata que al concluir la pesquisa de la policía judicial del estado, fueron consignados algunos de los responsables y de inmediato intervinieron varios párrocos y otros religiosos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. 

“El último antecedente de estos grupos ocurre en el mes de mayo de 1993, durante un reconocimiento efectuado por una patrulla de tropas del 83 batallón de infantería en el municipio de Ocosingo. Esta patrulla fue emboscada por los transgresores, razón por la que se iniciaron operaciones para reducir al grupo armado. Durante estas operaciones se aseguraron, entre otras cosas, 26 armas y gran cantidad de literatura subversiva, se detuvieron además, a 10 transgresores en posesión de 11 armas y tres equipos de radio, mismos que fueron liberados de inmediato, no obstante que el Ministerio Público levantó las actas correspondientes y señaló a estos individuos como responsables de ‘traición a la patria’”. 

El informe donde se recoge las primeras piezas del rompecabezas de la guerrilla zapatista aportaba una pista fundamental. “Un grupo de personas entre hombres y mujeres, salieron corriendo al percatarse de la presencia de militares. Por lo anterior, el comandante de la patrulla procedió a entrevistarse con las autoridades del lugar, con las que se dirigieron a las casas de donde se vio salir a la gente”.

“Las autoridades antes citadas manifestaron que las casas sospechosas pertenecen a Mateo, Felipe y Laureano López Gómez, y que desconocían el hecho por el cual huían, pero que éstos, junto con otras personas más, integraban un grupo que frecuentemente se reunía en esas casas durante la noche y no dejaban pasar por esos lugares a ningún vecino ni persona ajena al referido grupo”. 

Junto a rifles de madera, fotos y una estación de radio de banda civil, había unos documentos donde aparecía la rúbrica de una organización denominada “Fuerza de Liberación Nacional (FLN)” o “Ejército Zapatista de Liberación Nacional”. En su razón de ser estaba la lucha armada, sus enemigos eran “la burguesía, el gobierno y las fuerzas armadas, siendo su objetivo combatir hasta lograr ocupar el poder”.

La fecha de aquellos documentos era febrero de 1982, nueve años antes. Un dato más era que la organización armada tenía sus bases en poblados como Tila, Salto del Agua, Tumbalá, Unión Hidalgo y Sabanilla. Llamaba la atención la correspondencia entre “María Estela” y “Mateo”, donde le contaba de las labores de adoctrinamiento en San Cristóbal de las Casas y zonas aledañas, junto a una de sus compañeras que identificó como “Francisca”. 

Riviello cuenta que a partir de entonces se diseñó una estrategia de infiltración en la guerrilla. Se reclutaron “agentes confidenciales” que se hacían pasar como integrantes de las comunidades y comenzaron a participar en reuniones clandestinas del grupo armado. Sus primeros informes aportaban nombres de los lugares en los que se efectuaban tareas de adiestramiento en las que participaban asesores extranjeros que venían de Guatemala, El Salvador y Cuba. 

Un hombre de origen alemán, Carlos Lenkersdorf  Schmidt, fue identificado por campesinos de las Margaritas, Comitán, Altamirano, Chanal, Ocosingo, la Independencia, y Venustiano Carranza, como el principal instructor y asesor de los grupos armados. Había otros extranjeros que hasta esos días de 1993 no habían podido ser identificados pero que se sabía formaban parte del llamado “Congreso General”, considerado el máximo órgano de mando de la guerrilla.

Uno de los jefes zapatistas a los que se le dio especial seguimiento fue al subcomandante “Pedro”. En el verano de 1990 un informe de inteligencia militar lo identificó como uno de los líderes insurgentes como objetivo de vigilancia especial. “Existe una organización en las Margaritas denominada ‘Ejército de Liberación Nacional Zapatista’ la cual tiene presencia desde hace 21 años en San Cristóbal de las Casas; esta organización es dirigida por el subcomandante Pedro, el cual tiene un arma R-15 y comanda a 50 guerrilleros”. 

“Por las noches se observan luces de lámparas que se dirigen a las montañas en donde reciben adiestramiento tipo militar, regresando en la madrugada; al respecto, señalan que entrenan a niños de siete años en adelante y mujeres jóvenes, asimismo, saben que disponen de un helicóptero y una cueva para refugio”.

Los reportes decían que estaban ubicados los sitios donde Pedro daba instrucción a los indígenas. Citaban El Calvario, Santa Rita el Invernadero, el Ocote Monsteron, Santa Rosa Copán, Guadalupe Altos y San José la Nueva Esperanza. Entre las personas que acompañaban al líder zapatista estaban identificadas Antonio Sánchez Gómez y Juan Vázquez López, comisarios ejidales quienes a decir del Ejército, “tenían nexos con la guerrilla guatemalteca”. 

Otro de los documentos añadía: “En los cerros el Mico y el Quemado de esa región hay dos cuevas y dos campos de entrenamiento, elaboran un periódico denominado El Despertar del Pueblo que reparten a los campesinos a cambio de víveres. Dichas personas son asesoradas por el clero de las Margaritas, principalmente por el sacerdote Heriberto Cruz Vera; este junto con Valdemar León Guillén, el 22 de agosto de 1990 regresaron de Cuba”. 

En las Margaritas los agentes de inteligencia militar tenían ubicados a buena parte de la cúpula de la organización que también se hacía llamar “Unión Zapatista de Liberación Nacional”. En enero de 1993, un año antes del levantamiento, el ejército registró que la organización estaba integrada en este municipio “por 30 personas desconocidas procedentes de El Salvador, Cuba y Guatemala”. 

El ejército identificó un mecanismo de adiestramiento tras el seguimiento a un habitante del municipio que había estado fuera del país. Mario Jiménez Jiménez “formó un grupo de 20 jóvenes pertenecientes a la ‘Unión Zapatista de la Liberación Mexicana’ y fueron enviados a Guatemala, para recibir adiestramiento militar guerrillero; dicho grupo retornó al ejido El Caracol el 22 de diciembre del 92, transmitiendo los conocimientos obtenidos a sus compañeros”. 

Riviello nunca menciona en su manuscrito los primeros choques armados entre el Ejército y la guerrilla. Sucedieron el 13, 14 y 15 de mayo de 1993, después de una reunión “de un grupo de transgresores de la Selva Lacandona en San Quintín, La Realidad, quienes manifestaron que en un hecho en la selva rumbo a San Quintín, por la línea de Guatemala, había muerto un capitán e hirieron a varias personas, sumando un total de 10, entre muertos y heridos”. 

Días después, el 22 de mayo a 25 kilómetros de Ocosingo, se produjo otro enfrentamiento entre tropas del 83 batallón de infantería y una columna guerrillera. En la persecución y rastreo el ejército encontró campos de adiestramiento, cuevas donde pernoctaban y algunas osamentas humanas. Uno de los campamentos tenía cuatro alojamientos muy amplios, en una había planta de luz, en otra televisión a color y documentos. A escasos 350 metros del lugar se encontró “una organización del terreno para una posición defensiva”. 

La palabra Corralchén apareció por primera vez en los reportes militares el 26 y 27 de mayo de 1993. Así se llama la sierra ubicada entre los municipios de Ocosingo y Altamirano, donde se registraron dos escaramuzas que fueron seguidas de un repliegue táctico de la guerrilla. El Ejército informó que tuvo dos muertos y tres heridos, de lado guerrillero un civil muerto no identificado.

En el poblado Rancho Guayaquil encontraron pertrechado a un grupo de “guatemaltecos” de quienes se sospechaba escondían armas de alto poder. El reporte decía que en el ejido Jalisco, la población varonil estaba adiestrada para “atacar y destruir a los elementos del Ejército mexicano” que ingresaran en el lugar. “En el ejido Morelia fueron detectados 15 individuos disfrazados de limosneros, con la finalidad de observar y vigilar los movimientos de las tropas de la VII Región Militar”. 

La tensión desde esos meses perfilaba las coordenadas del mapa donde sería el alzamiento del 1 de enero de 1994.

El entonces gobernador Manuel Velasco Suárez reportó el hecho al general Luis R. Casillas, quien estaba al frente de la zona militar, y éste convocó a una reunión con autoridades guatemaltecas para analizar el incidente. En ese encuentro participó un oficial del ejército guatemalteco y el general Mario Murillo Morales, comandante del 29 batallón de infantería, cuyas tropas tenían la jurisdicción en el área de Tapachula donde fueron vistos los hombres armados. Para evitar llamar la atención de los medios de comunicación y la opinión pública, los funcionarios acordaron declarar que la posible infiltración de guerrilleros guatemaltecos a México era una falsedad, “ya que el control que se ejerce por ambos países en la frontera es constante”.

La presencia de guerrilleros guatemaltecos en la frontera de Chiapas no desapareció. En enero de 1972, el general Casillas recibió un informe acompañado de fotografías, sobre la presencia de dos  individuos pertenecientes a un grupo armado que se escondían en un rancho enclavado en la zona selvática de Ixcán. El comandante militar reportó que al grupo lo encabezaba un hombre llamado Francisco López Ramírez, quien junto a otros realizaban reconocimientos de la región y entrenamientos, “tal vez para más adelante emprender acciones más importantes y poder ocultarse con seguridad en la zona selvática, ya que por lo espeso de la vegetación y la cantidad de ríos navegables que la cruzan, en caso de formarse grupos delincuenciales y operar por estos lugares, resultaría sumamente difíciles localizarlos y capturarlos; además de los gastos que se requieren en cada movilización”, decía un reporte fechado en 1972 de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).  

Casillas estaba convencido de lanzar una batida contra los guerrilleros guatemaltecos, “hasta capturarlos y evitar así problemas mayores”. El general urgía al gobierno federal para que se enviara una batallón de infantería mas a la zona, y se dotara a los militares “con una avioneta Cessna de seis plazas, dos lanchas de motor fuera de borda, como mínimo para poder vigilar esta amplia región, ya que los 5 aviones de guerra que han sido concentrados en Tuxtla Gutiérrez, no pueden aterrizar en las pistas que existen en esa región, ya que generalmente están localizadas sobre terreno arenoso y no tienen la distancia necesaria para este tipo de aviones”.

En agosto de 1974 Lucio Cabañas estaba en boca de todos. Un reporte fechado en Tonalá, Chiapas, decía que el capitán Eduardo Sota del Río al mando de 30 soldados, comenzó una “operación de rastreo en la zona costera de este municipio en los lugares más ocultos para verificar la posible presencia de personas armadas, que de acuerdo a una denuncia presentada ante el comandante de la 31 zona militar, el general de división Ángel López Padilla, en el sentido de que en el poblado El Manguito, situada en los límites de los municipios de Tonalá y Pijijiapan, se encontraba el guerrillero Lucio Cabañas Barrientos”.

La imprecisión de los reportes sobre Lucio Cabañas era evidente en la Secretaría de Gobernación y en el Ejército. Otro informe fechado en mayo de 1974 en Jiquipilas, Chiapas, decía que a las afueras de esta población sobre la vía que conducía a Cintalapa, cuatro militares fueron atacados por hombres armados quienes les dispararon suscitándose un enfrentamiento. No hubo muertos ni heridos, reportaba la DFS, pero había sido identificado un individuo que usaba el seudónimo de “Abelardo”, de nombre “Geno de Lin Guichard Gutiérrez”, miembro de la directiva del grupo guerrillero “Fuerzas de Liberación Nacional”.

El 20 de mayo la DFS informaba que el día 16 en las inmediaciones del ejido Cintalapa, del municipio de Ocosingo, sobre el camino que va de Pénjamo a Bonampak, “resultaron muertos Germán Yáñez Muñoz, (a) “Compañero Pedro”, o “el Hermano Pedro”, primer responsable del grupo guerrillero “Fuerzas de Liberación Nacional”, y Juan Guichard Gutiérrez (a) “Héctor”, miembro de la misma organización, durante un enfrentamiento a balazos con elementos del ejército pertenecientes al 46/o y 57/o batallones de infantería”. El reporte indicaba que los cadáveres de ambos guerrilleros, habían sido sepultados en el lugar de los hechos después de ser fotografiados.

Desde aquellos años Chiapas estaba con botón rojo en el mapa del  monitoreo de grupos guerrilleros por ser una zona muy activa. La frontera con Guatemala, país que entonces atravesaba por una guerra civil, era porosa y el territorio mexicano solía ser buen refugio para grupos armados. 

En la segunda mitad de los años 70, el general Félix Gálvan López, secretario de la Defensa Nacional con José López Portillo, tenía la intención de reforzar la seguridad en esa región del país con un plan geoestratégico pero no supo cómo explicarlo. El punto de partida era ampliar el concepto de la seguridad nacional, que al iniciar la décadas de los 80 se perfilaba de suma urgencia a tratar con el presidente de la República. Una ocasión durante una reunión con el presidente López Portillo y parte de su gabinete, el general Galván López explicó las acciones que consideraba necesarias en caso de que el ejército interviniera en el sureste del país. 

Estos momentos quedaron registrados en su libro por el general Riviello. “En el año de 1981, (Galván López) hacía referencia por ejemplo a la participación de algunas unidades, cuya integración sería acorde con los modelos usados de manera académica por la Escuela Superior de Guerra, pero que de ninguna manera correspondían a la realidad, así como la utilización de rutas inexistentes y otras acciones que no resistirían el menor análisis”.

El plan se trabajó y concretó en el gobierno de Miguel de la Madrid. El general Juan Arévalo Gardoqui, entonces secretario de la Defensa Nacional, ordenó a la Inspección del Ejército y Fuerza Aérea que presentara un informe sobre las condiciones reales en que se encontraban las tropas en los estados del sureste del país que abarcan Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. La idea era partir de la hipótesis de cómo se haria frente a una agresión proveniente del exterior y/o “alteraciones al orden interno”. A partir de entonces esta región geográfica pasó a llamarse Teatro de Operaciones del Sureste (TOSE). 

Una de las primeras acciones que Riviello llevó a cabo al encabezar la  Inspección del Ejército, fue realizar conferencias con los mandos militares y jefes de batallones y regimientos. Se les informó que las “situaciones irreales” eran consideradas durante el planeo de las operaciones militares en esta zona del país. Lo cual las hacía peligrosas para la seguridad nacional. Una primera decisión fue constatar las condiciones operativas, logística y administrativas de todas las unidades desplegadas en el TOSE. 

Fueron cinco etapas realizadas durante los años 1983 y 1984 en las seis entidades del sureste. Se revisaron ocho cuarteles generales de zona militar, dos bases aéreas, un escuadrón aéreo, cuatro estaciones meteorológicas, 17 batallones de infantería, un regimiento de caballería motorizado, un regimiento de artillería y Tres Cuerpos de Defensas Rurales. Se reportó que el equipamiento, las instalaciones y los recursos humanos, estaban en muy malas condiciones y hacía falta mayor inversión no solo física para levantar nuevas bases, sino de implementos para modernizar los equipos y la manera de operar de las tropas. Se pretendía en principio sentar las bases del Plan de Seguridad y Defensa Nacional. 

Las bajas eran desproporcionadas entre ambos bandos. Ya había pasado el enfrentamiento en el mercado de Ocosingo, que representó el mayor número de muertos para el EZLN, se hablaba de 400. En documentos militares y testimonios posteriores la cifra se fijó en 200 víctimas entre muertos y heridos. 

“En el área de Rancho Nuevo había seis bajas que entre ellos mi amigo y compañero el teniente de caballería Monroy Tinajero, olvidado en la historia como la mayoría que se enfrentó en esos 12 días de absurda pelea de contrincantes que murieron sin saber todo lo que hubo y aun existe tras de esa guerrilla de papel”, dice un oficial del ejército que participó en los enfrentamientos. 

Un combate entre soldados del Ejército mexicano y el EZLN era como enfrentar a un peso completo con un minimosca. Organismos de derechos humanos, principalmente internacionales, cuestionaron el “desproporcionado número de bajas” en una confrontación desigual. En aquellos días la prensa coincidía en que no existía posibilidad de que el EZLN pudiera derrotar al Ejército. “Para los fines de sus dirigentes el derramamiento de sangre de sus dirigidos estaba previsto, en lo personal considero que en la mente de los milicianos que fueron arrasados no a ellos se les había dicho y creyeron hasta el fin que el Ejército mexicano lo constituían nada más las tropas establecidas en Rancho Nuevo”, comenta este militar que pidió reserva sobre su identidad.

En la actualidad no existen documentos que certifiquen el número de bajas por parte del grupo armado, no se podría saber más que por testimonio de los participantes cercanos a los hechos la cantidad aproximada de bajas. El Ejército mexicano contabilizó alrededor de 15 bajas entre jefes y oficiales y en mayor número de tropa. 

Los documentos del alzamiento armado que existían como radiogramas, partes, folios (contenidos de intercepciones a radios de transmisores), órdenes giradas por el alto mando, fueron incineradas al término del gobierno de Ernesto Zedillo, antes de la entrega del poder a Vicente Fox, asegura. “¿Por qué motivo? No se sabe, supongo que para no dejar vestigios que en el futuro incrimine a los hombres de verde que como históricamente en este país, sólo cumplieron órdenes, como le es dado a los soldados y lo rezan sus leyes aún sin modificar”. 

“El principio vital de la disciplina es el deber de obediencia, (…) las órdenes deben ser cumplidas con exactitud e inteligencia, sin demora ni murmuraciones, se abstendrá de emitir cualquier opinión, salvo el caso de hacer aclaraciones respetuosas”, dice mientras repasa de memoria líneas de algún manual militar.