PUEBLA: EL OTRO ROSTRO DE LOS FEMINICIDIOS

“El martirio no termina con la muerte de tu hija”

“Ya somos esclavos de las autoridades”, opinan Alicia Montiel y Erubiel Islas, padres de Esmeralda, víctima de feminicidio. A casi un año de su muerte, la burocracia del sistema de procuración de justicia en Puebla, aunada al desgaste emocional, complicó el proceso legal para que el presunto culpable reciba una sentencia.  “Nadie está preparado para ser víctima de un acto como este, no hay forma de tener experiencia para saber qué hacer, qué documentos preparar, a qué instituciones acudir y cómo denunciar. Recibir la noticia sobre la muerte de tu hija te paraliza, pero saber que el martirio no termina ahí, causa terror”, expresa Erubiel. Las instituciones de procuración de justicia y las dependencias externas para los trámites legal y administrativo no están preparadas para ser lo que deberían: un apoyo para las víctimas indirectas, por el contrario, se convirtieron en el paso más difícil de transitar para las familias que pierden a un ser querido. Hay una tardanza en el sistema de impartición de justicia, pero también hay una deficiencia en quienes establecen un contacto directo con la víctima, es decir, los servidores públicos, señala. “Ojalá nuestras autoridades se dieran una vuelta para que vean cómo es el trato, tenemos que ir varias veces, estamos viviendo nuestro propio dolor y aun así tenemos la fuerza de presentarnos para exigir justicia”, agrega Alicia. Si bien el trámite legal por la muerte de Esmeralda es tardado, parece seguir ‘correctamente’ su curso, señala la madre. Sin embargo, la ruta administrativa para recuperar la Afore, los puntos de Infonavit y demás ahorros que dejó Esmeralda, está plagada de obstáculos. Dos meses después de que la pareja sentimental de la víctima la asesinó al salir de su trabajo, los padres de ella siguen buscando justicia, al mismo tiempo que tratan de resolver los pendientes administrativos que implicó la muerte de su hija. Esmeralda era la hermana mayor de tres hijos. A sus 30 años había concluido dos carreras universitarias, una en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y otra en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ambas relacionadas con el área de Medicina.  Tenía grandes aspiraciones profesionales. El día que murió, por la mañana, le habían notificado que sería ascendida y empezaría a viajar por el país para supervisar diversas sucursales del laboratorio en el que trabajaba. Alrededor de las 18:00 horas salió de su trabajo junto con su expareja y su familia no volvió a saber de ella. Las risas, los momentos tristes y los logros de Esmeralda siguen presentes en su domicilio ubicado al norte de la ciudad de Puebla, que también es un recordatorio permanente de su partida. A finales del año 2023 la familia se mudó de casa con el objetivo de sobrellevar su duelo. También han buscado otras alternativas económicas, como la venta de abarrotes, para sobrellevar su economía los días en que deben abandonar sus trabajos para continuar con la búsqueda de justicia para Esmeralda.

Más de 400 mil pesos en gastos

Desde el día que aconteció el doble feminicidio de Gardenia y Dulce, hace más de tres años, sus familiares han gastado más de 400 mil pesos en traslados, estudios y trámites para que se lleve a cabo, sin inconvenientes, el proceso de impartición de justicia para ambas víctimas.  Aun así, falta mucho más para que el presunto culpable pueda obtener una sentencia por el asesinato de su hija y de su nieta, lamentan Rufino Ortega y Gabriela Flores. Al trabajo que implica conseguir los recursos para continuar el proceso legal, se suman la tristeza y el desconsuelo del vacío que quedó en su familia.  No solo eso, pese al dolor, Rufino y Gabriela, las víctimas indirectas de estos dos feminicidios, deben continuar con su rutina diaria lo más normal posible, trabajar durante todo el día en sus respectivos oficios, como encargado de un taller y de una tienda de regalos, respectivamente, pero también deben estar al pendiente de cualquier avance en el caso de su hija y su nieta, quienes fueron calcinadas al interior de su vehículo en 2020, presuntamente por la expareja sentimental de Gardenia.  Hoy están obligados a guardar dinero cada fin de semana, limitar gastos, dejar de consumir ciertos productos y quedarse en casa. De vez en cuando deben cerrar sus negocios y trasladarse desde el municipio de Acajete a la ciudad de Puebla, un trayecto de aproximadamente una hora, para presionar a las autoridades en el afán de hacer justicia.  En el domicilio de Rufino y Gabriela continúa intacta la recámara donde su hija dormía con su nieta. Siguen ordenados los uniformes, la mochila y los útiles de Dulce, quien estudiaba la primaria. También continúan las cosas personales de Gardenia, que regresó a la casa de sus padres tras sufrir diversos abusos por parte de su expareja.  Gardenia tenía 26 años cuando murió. De acuerdo con los estudios realizados tras su muerte se supo que, cuando el automóvil fue encendido en llamas, ella y su hija seguían con vida al interior del mismo. 

Los familiares de las dos mujeres no descansan. Tratan de continuar con su vida aun con el temor de sufrir una represalia por parte del agresor, quien, relatan, tenía diversas relaciones criminales en el municipio. Gardenia llevaba poco más de un año de haberse separado de su feminicida y de volver a la casa de sus padres. En este sitio montó una tienda de regalos de la que ahora su madre se hace cargo. La familia de Gardenia no recibió ningún apoyo para pagar los gastos funerarios o psicológicos por la pérdida, mucho menos para los traslados desde Acajete a la ciudad de Puebla para dar seguimiento al trámite legal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).  Ambos padres viven al día, lo que ganan en una jornada de trabajo lo guardan para cuando tienen que salir de emergencia para revisar algún avance en el caso de Gardenia y Dulce. Por su cabeza no pasó invertir en un psicólogo y tampoco recibieron apoyo de uno por parte del Estado, pese al trauma que les provocó ver a dos de sus familiares calcinadas. “¿Y cómo vamos a pensar en eso?, nuestra cabeza está en otras cosas, para sanar tenemos a Dios a nuestro lado”, expresa.

“Mi mamá no quiere vivir, no quiere comer, nos destruyó la vida”

El plan de vida de Alejandra Sosa cambió radicalmente en junio del 2014, cuando su hermana Olga Nayeli fue víctima de feminicidio y dejó en la orfandad a una niña. Hoy el asesino sigue sin recibir una sentencia a pesar de que confesó el crimen, y su sobrina quedó en custodia de los abuelos paternos, los padres del feminicida.  Alejandra quería desarrollarse como maestra, ser feliz con su esposo e hija y compartir esta dicha con su familia. Recuerda que había una buena convivencia con Olga, su hermano y su madre, pero ahora solo quedan ella y su mamá luchando para que se haga justicia, ya que él murió hace un año derivado de complicaciones médicas.  Nayeli fue asesinada por su esposo y padre de su hija, Moisés N, que la descuartizó para después llevarla a un terreno baldío en donde le roció gasolina y prendió fuego con la intención de deshacerse completamente de su cuerpo. Aunque confesó el crimen y recibió una sentencia de casi 44 años hace unos meses, su defensa inició un proceso de apelación que atrasará al menos dos años más la impartición de justicia. “La paz nunca la vamos a encontrar porque al final de cuentas él destruyó nuestra vida, nuestra familia”, denuncia Alejandra. “Todo nuestro proyecto de vida cambió, a partir de eso todo cambió, todo se destruyó, ya no tenemos la misma relación que teníamos, mi mamá ya no es la misma, ya no quiere vivir, no quiere comer, nos destruyó la vida”, agrega. La hermana de la víctima señala que su economía y ánimo se han visto desgastados, ya que ha pasado los últimos nueve años invirtiendo dinero para garantizar avances en la investigación y combinando su trabajo con la asistencia a audiencias y marchas de protesta para exigir justicia.  Comparte que los años posteriores al feminicidio de Nayeli fueron los más difíciles porque, junto con su madre, inició el proceso para pelear la guardia y custodia de su sobrina Sara, sin embargo, los abuelos paternos de la niña terminaron por ganarla mediante el tráfico de influencias. Respecto a Moisés, el feminicida, expone que se le han dado muchas facilidades, ya que está internado en el penal de San Miguel, en donde se sigue ganando la vida ejerciendo su profesión de médico y ha realizado estudios para pugnar por una reducción de su condena. Afirma que desde el inicio del proceso ha sido evidente el tráfico de influencias en el caso, ya que uno de los tíos de Moisés era magistrado del Poder Judicial, y en varias etapas intervino para apoyarlo, al igual que en el juicio de guardia y custodia de su sobrina.  La mujer agrega que junto con su familia buscó apoyo psicológico de forma particular y al inicio intentaron que su sobrina, Sara, lo recibiera a través de alguna instancia gubernamental, pero no lo consiguieron y tampoco tuvieron el respaldo de la ley para evitar que la niña quedara a cargo de los padres del feminicida. Hoy considera que solo va a poder avanzar en esta etapa de duelo cuando se dicte la pena máxima de cárcel para Moisés y se le dejen de dar alternativas para evadir la justicia.

“Los padres del feminicida presumían de influencias”

Marcos Calderón soñaba disfrutar a sus nietos y ver realizados a sus dos hijos: Othoniel y Minerva; sin embargo, el feminicidio del que ella fue víctima en 2017 le arrebató su principal proyecto de vida y ahora solo tiene como objetivo que el asesino pague por lo que hizo, aunque afirmó que ni siquiera eso le devolverá la paz. El 21 de marzo de ese año Minerva fue atacada a puñaladas en su propia casa por José Rodrigo N, quien era un excompañero abogado que estaba obsesionado con ella. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que él salió del domicilio con el arma blanca y manchado de sangre.  Los padres de José Rodrigo son médicos reconocidos en la entidad y en ese momento presumían cercanía con funcionarios del gobierno estatal, encabezado por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, lo que habría dado paso al tráfico de influencias.  A más de seis años de que la joven abogada fue asesinada en su domicilio de la Colonia San José Vista Hermosa, en Puebla, su padre platicó vía telefónica con este diario desde su natal Durango, en donde vive con su esposa e hijo, todos con temor por su integridad física, ya que el feminicida de “Mine”, como la llamaban cariñosamente, sigue prófugo.  “Cambió completamente nuestra vida, dio un giro de 180 grados, no tengo nietos, ya no tengo a qué ir a Puebla más que a ver cómo va la carpeta de investigación o a ver que la Fiscalía no hace su trabajo. Me molesto, me enojo, pienso en mi hija y esto no lo merecía; mi hijo dejó su trabajo en Playa del Carmen para estar con nosotros, ya no siguió realizándose profesionalmente”, denuncia. Para los deudos de la joven egresada de la Universidad Iberoamericana Puebla, su muerte es una herida que no va a cerrar porque se han enfrentado a un proceso plagado de irregularidades. Su padre subraya que esto es lo que más dolor les provoca porque Minerva era abogada y odiaba la injusticia, no obstante, hoy es una víctima más de este problema, que mantiene a sus familiares en un desgaste moral, psicológico y económico. Calderón es químico clínico y su esposa Minerva Hernández maestra. Ambos han visto afectada su economía ya que deben buscar quien los supla en sus empleos cuando viajan a Puebla a demandar avances de la investigación en la Fiscalía General del Estado, gastando entre 10 mil y 14 mil pesos en cada visita. Incluso, recuerda que tuvo que pagar 13 mil pesos para que un abogado particular les consiguiera acceso a la carpeta de investigación porque la autoridad nunca los apoyó. “Nadie se acercó a darnos un apoyo psicológico, moral, alguna autoridad, nada”, acusa. Añade que tanto él como su familia hubieran querido tener el respaldo de autoridades capacitadas para atender este tipo de delitos con un trato más humano. Opina que la autoridad debería actuar de forma enérgica cuando se trata de feminicidios, ya que la orden de aprehensión para el responsable de asesinar a su hija fue liberada hasta tres días después, cuando él ya había tenido tiempo para atenderse una lesión, que ocurrió cuando la atacó, en el Hospital Ángeles, y huir con apoyo de sus papás, quienes eran médicos de ese nosocomio.

Un proceso legal plagado de irregularidades

Esteban Orea Martínez tiene 59 años y había planeado disfrutar de esta etapa de su vida viajando con su esposa, luego de haber sacado adelante a sus cuatro hijos, sin embargo, desde hace casi cuatro años sus planes cambiaron y ahora deben cuidar de sus dos nietos, quienes quedaron en orfandad porque su mamá, María Elizabeth Orea Méndez, fue víctima de feminicidio.  El matrimonio tiene hoy como objetivo de vida ver que se haga justicia por la muerte de su hija y que sus nietos crezcan en las mejores condiciones posibles, aunque ambas cuestiones se han complicado porque después del crimen no han recibido ningún apoyo de la autoridad e incluso los niños han sido obligados a convivir con sus abuelos paternos, pese a la afectación psicológica que esto les representa. Manifiestan que viven con temor de que el responsable les haga daño, ya que está prófugo desde el día en que cometió el feminicidio, y las autoridades, lejos de avanzar en las investigaciones para detenerlo, han cometido irregularidades en el proceso. Por otra parte, sus consuegros, los y padres del feminicida, insisten en querer convivir con sus nietos, al menos vía virtual, y deben atender este segundo asunto, con el que están en desacuerdo, por la vía jurídica. 

A Eli, como le decían de cariño familiares y amigos, la asesinó el padre de sus hijos, Jorge Ernesto N., en pleno día del amor y la amistad, luego de haber acudido a recoger a los menores al domicilio que ella tenía en San Martín Texmelucan, municipio en el que laboraba como maestra. El feminicida recogió a los niños y los alejó unos metros de la casa de su madre, para después regresar y quitarle la vida, asfixiándola con un cable. El crimen se consumó a tan sólo unos días de que ambos formalizaron el divorcio que ella comenzó a tramitar tres años antes.  Alberta Méndez, madre de Eli, indica que cuando se enteró del crimen no podía asimilarlo, ya que su hija tenía la intención de seguir estudiando y mejorar sus ingresos para beneficio de sus hijos. El padre de la víctima narra que sus nietos recuerdan aspectos del día del asesinato, ya que tenían nueve y 11 años, incluso uno de ellos les dijo que escuchó los gritos de su mamá mientras su papá le quitaba la vida, pero al poco tiempo él regresó al coche y se los llevó de ahí sin decirles nada. “Siguen con su duelo, a los dos los hemos escuchado llorar”, comparte Alberta, quien expresa que para los menores ha sido complicado afrontar la pérdida de su madre y eso se ha visto reflejado en determinados momentos de rebeldía o de poco interés por hacer sus actividades, como el asistir a la escuela.  Externa que nunca recibieron apoyo psicológico por parte de las autoridades, no obstante, sí lo obtuvieron a través de especialistas que ellos pagaron por cuenta propia. En cuanto a la manutención de los infantes, explica que corre a cargo de ella y su esposo, ya que nunca han recibido alguna beca o programa gubernamental. Los padres de Eli subrayan que hubo irregularidades por parte de las autoridades desde el inicio, ya que tardaron tres días en girar una orden de aprehensión en contra del responsable, a pesar de que los vecinos de la mujer asesinada lo habían identificado, de tal forma que le dieron tiempo para escapar y permanecer prófugo.

El gobernador promete ayuda que no otorgó

El exgobernador poblano Miguel Barbosa prometió apoyo económico para las tres hijas de Susana Cerón Zenteno, víctima de feminicidio cometido por su pareja sentimental, Efrén N, en 2020. A más de tres años de los hechos, las niñas nunca recibieron el recurso, becas u otro incentivo por parte de la administración estatal, pese a que la víctima trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado.  Desde Casa Aguayo, sede de la administración estatal, el entonces mandatario declaró en conferencia de prensa, con fecha de 26 de noviembre de 2020, que instruyó, sin mencionar a qué funcionario o dependencia, apoyar a las hijas de la víctima, que en ese momento tenían 5, 9 y 11 años de edad. Al mismo tiempo, resaltó que su gobierno trabajaba para atender y prevenir los feminicidios. Mintió.  “Todos estamos en contra de los feminicidios y este gobierno hace acciones institucionales para ello. Tenemos la estructura, estamos en esa causa, en Puebla hasta el 80 por ciento de los feminicidios ya tienen a sus presuntos responsables en la cárcel (…) sí, claro que sí, yo ya lo instruí (dar apoyo económico) hay que ayudar a esas niñas, ya lo estamos haciendo y me voy a empeñar que sea así”, presumió Barbosa, que murió dos años después, en diciembre de 2022, frente a los representantes de los medios de comunicación. Pese a la versión oficial, la madre de la joven, Susana Zenteno Vázquez, quien dependía económicamente de su hija y ahora es responsable de las tres menores de edad, no recibió ningún apoyo.  Narra que por indicaciones de funcionarios estatales acudió a la Secretaría del Bienestar, entonces a cargo de Lizeth Sánchez García, hoy precandidata del partido Morena al Senado, para solicitar los beneficios  prometidos por el gobernador, pero los servidores públicos solo la hicieron dar de vueltas y no le otorgaron ninguna ayuda. Incluso, el funeral fue pagado por los hermanos de la víctima de feminicidio y otros familiares. Añade que la pensión que tendrían que pagarle por haber trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública no llegó. Zenteno Vázquez, una mujer de 68 años de edad, revela que tiene problemas económicos debido a que no cuenta con un empleo fijo. Las menores de edad y ella, víctimas indirectas del hecho criminal, sobreviven con el dinero que obtiene en trabajos informales. “Yo me hago cargo de las niñas, a veces voy a barrer salones, a lavar ropa ajena, vender cosas, pero solo puedo ganar 20 o 30 pesos, y eso es todo, así voy”, revela.  Por la serie de retrasos de audiencias en el Poder Judicial y malos tratos del personal de la Fiscalía General del Estado, la madre de la mujer asesinada califica al sistema de impartición de justicia como “una porquería”. “No ayudan en nada, hay muchas abuelas que están igual que yo y no hay respuesta, no confío en las autoridades, nos evaden las audiencias. Un policía la mató, qué nos podemos esperar”, cuestiona resignada. Susana Cerón fue asesinada en 2020 y hasta marzo de 2023 un juez de control del Tribunal Superior de Justicia vinculó a proceso al responsable, un ex policía estatal, por el delito de feminicidio cometido en contra de su pareja sentimental. El responsable sigue sin recibir sentencia.

Sin ayuda psicológica para superar el trauma

El 21 de junio de 2022 es una fecha que Érika Velasco Román tiene grabada en su memoria, porque ese día se enteró del feminicidio de su hermana Paola, un hecho que describió como “su muerte en vida”. En la búsqueda de justicia solo se ha encontrado con un sistema judicial corrupto y el desamparo de las autoridades estatales para ayudarla a ella y sus tres sobrinos, hijos de la mujer asesinada por su expareja sentimental, quien no ha recibido condena por el delito.  Erika Velasco es una mujer amable, amorosa con sus sobrinos y aparentemente fuerte ante las circunstancias que atraviesa. Empero, una vez que se siente en confianza reconoce que su trabajo, la convivencia con su pareja, hija, familiares y amigos nunca será la misma. Un día antes del feminicidio de su hermana estuvo con ella y su pareja sentimental, Juan N., para festejarle su cumpleaños. Horas después ellos dos se marcharon a su hogar ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, de la ciudad de Puebla.  A Érika Velasco nadie le prometió ningún apoyo ni fue buscada por las autoridades para ofrecerle pagar el funeral, así que, en compañía de sus familiares, solicitó a través de redes sociales un apoyo económico para cubrir esos gastos. Y lo logró gracias a la buena respuesta de las personas. La gestión de los trámites posteriores al crimen la orillaron a dejar su trabajo y depender económicamente de su pareja sentimental. El 21 de junio de 2022, una semana después del asesinato, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres consiguió la vinculación a proceso del presunto responsable, hoy preso en el penal de San Miguel, aunque sin recibir sentencia todavía. Érika Velasco ha visto cómo la dilatación de las audiencias y los amplios tiempos de espera hacen que la gente se canse o no pueda seguir en la pelea para lograr un castigo para los feminicidas. Al mismo tiempo, pelea en tribunales con la familia del responsable, que busca quedarse con la custodia permanente de los menores. La mujer, víctima indirecta del crimen cometido en contra de su hermana, expone que la hija mayor de Paola requiere acompañamiento psicológico, ya que fue quien encontró el cuerpo de su mamá muerta y a raíz de eso es muy seria y ha sido víctima de burlas por parte de algunos de sus compañeros en la escuela. A pesar del dolor con el que carga, los malos tratos de las autoridades y su omisión en los procesos, no pierde la esperanza en la justicia, por ella, por sus tres sobrinos y por todos los casos que se mantienen en el anonimato, con más víctimas indirectas en permanente sufrimiento.

Cuatro años en tribunales y no ven fin

La justicia no siempre llega con la aplicación de una sentencia condenatoria, muestra de ello es el caso de Mara Fernanda, la universitaria asesinada por un chofer de Cabify el 8 de septiembre del año 2017. El proceso para llegar hasta la condena de 50 años de prisión al acusado tardó más de cuatro años, pero hasta el momento la familia aún no recibe ningún tipo de indemnización y vive en la incertidumbre porque, de forma irónica, al sentenciado las leyes le obsequian un periodo de ocho años para apelar la decisión judicial. Tampoco el repudio y las manifestaciones que se realizaron a nivel nacional para demandar justicia lograron que el proceso legal se resolviera en un corto plazo, un problema que a la fecha enfrentan deudos de víctimas de feminicidio y que la justicia poblana debe enmendar, resalta la familia de Mara Fernanda. Transcurrieron cuatro años para llegar al juicio oral y sentenciar al feminicida, Ricardo Alexis, además de que pasó un año más para que fuera ratificada la pena de 50 años de prisión, bajo las reservas de que el acusado aún puede impugnar la resolución de las autoridades judiciales, ya que la ley permite al acusado seguir defendiéndose.

A pesar de que ya pasaron más de seis años del feminicidio de la joven oriunda de Xalapa, Veracruz, que en el año 2016 viajó a la ciudad de Puebla para estudiar la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), pues pretendía ser legisladora para defender los derechos de las mujeres, Alejandro Castilla y Gabriela Miranda, los padres de Mara Fernanda, desde aquel estado exigen a las autoridades judiciales y legislativas que hagan reformas jurídicas para que los feminicidas sean castigados en el menor tiempo posible y reciban penas más severas. Así se garantizará a los deudos justicia pronta y expedita, subrayan. “La sentencia no implica que ya se nos haya hecho justicia, pues hasta el día de hoy vivimos en incertidumbre porque por un lado todavía existe la posibilidad de que el sentenciado impugne, y por otra parte no hemos recibido ninguna indemnización, ni pago de reparación de daños, tanto del responsable (Ricardo Alexis) como de la empresa de plataforma Cabify, misma que ya impugnó la demanda en su contra”, revela Alejandro Castilla. “Ella significaba todo para mí, han pasado los años y sigue viviendo en mí. ¿Sabes?, podrás enterrar a un padre, a un esposo, pero enterrar a un hijo es muy duro, es algo que nunca se olvidará”, confiesa con pesar.

Los familiares buscaron y encontraron solos el cuerpo de Abigail

A más de cuatro años del asesinato de Judith Abigail J. P., el caso sigue estancado e impune en la Fiscalía General del Estado, donde no hay empatía ni humanismo con los familiares de las víctimas de feminicidio, aseveran los deudos de la mujer que dejó en la orfandad a dos hijos. La institución encargada de impartir justicia también es omisa en actuar con prontitud en la búsqueda de mujeres desaparecidas y la mayoría de ellas son asesinadas, añaden. El feminicidio de Judith Abigail evidencia la falta de un protocolo para actuar de inmediato en la búsqueda de las víctimas, pues en este caso fueron los mismos familiares quienes se movilizaron con sus propios recursos y estrategias para localizar a la joven que en ese entonces contaba con 28 años de edad, tras ser “levantada” el 8 de agosto de 2019 en el entronque carretero de las vialidades Valsequillo-Tecali de Herrera. Fue así que sin apoyo alguno de las autoridades ministeriales la encontraron, pero ya sin vida, una semana después, en Santa Cruz Alpuyeca, en una zona boscosa del municipio de Amozoc de Mota. Ivana, hermana de Judith Abigail, con rostro desencajado lamenta que el caso parece ya estar archivado, pues junto con su madre lleva cuatro años y cinco meses acudiendo a la Fiscalía, llamando a las autoridades y tratando de ser recibidas por el fiscal Gilberto Higuera Bernal, sin lograrlo. “El caso siempre ha estado en la Fiscalía. Los dos primeros años acudimos a checar pruebas, pero con el paso del tiempo ya fueron menos atentos, dieron menos prioridad y fueron alargando las citas de unos días a meses y ahora ya ni nos reciben”, detalla Ivana. Judit Abigail era madre soltera y, tras su muerte, dejó a una hija de 14 años y a un niño de apenas un año y medio bajo la tutela de la abuela materna, quien, de no ser por el apoyo de su hija Ivana, no podría solventar los gastos del hogar, que incluye la manutención de los dos hijos de la víctima. Para sobrevivir, los deudos han tenido que dedicarse al comercio informal. Quien más sufrió la pérdida fue la hija mayor, Vannia, pues sus ilusiones de tener una fiesta de XV Años, rodeada de su familia, amigos y sobre todo de su madre, se vieron derrumbados. Tampoco llegará el viaje a París que tenían planeado. Haber perdido a su madre la orilló a encerrarse en su habitación, hasta que recibió de regalo una mascota, una gata de nombre Laila que fue la que la ha rescatado del aislamiento para volver a socializar.