PUEBLA: EL OTRO ROSTRO DE LOS FEMINICIDIOS

Trauma psicológico, impunidad e insolvencia son parte de los problemas que enfrentan los familiares de las mujeres asesinadas El Sol de Puebla El feminicidio –asesinato de mujeres por su condición de género– es la máxima expresión de la violencia machista y uno de los hechos criminales que más daño causan al tejido social. Tras el […]

Trauma psicológico, impunidad e insolvencia son parte de los problemas que enfrentan los familiares de las mujeres asesinadas

El Sol de Puebla

El feminicidio –asesinato de mujeres por su condición de género– es la máxima expresión de la violencia machista y uno de los hechos criminales que más daño causan al tejido social. Tras el crimen, por sí mismo devastador para los familiares de la mujer asesinada, irrumpe la impunidad como consecuencia normalizada del sistema de justicia y problema que añade sufrimiento a los deudos. Pero la falta de castigo a los perpetradores no es el único conflicto que se queda. Por cada mujer asesinada sobreviven en promedio cinco personas, entre hijas e hijos, madres y padres, así como hermanas y hermanos que sufren la pérdida y que deberán enfrentarse a las consecuencias del suceso por el resto de su vida. Para ellas y ellos, víctimas indirectas, no existe ayuda. Y cuando la hay, solo es temporal, efímera.

Las tres hijas de Susana Cerón Zenteno, asesinada por su pareja sentimental en el año 2020, padecieron un caso extremo de indiferencia por parte de las autoridades estatales. La abuela de las menores de edad y madre de la víctima de feminicidio llegó hasta el entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para arrancarle una promesa de apoyo que nunca cumplió. Después de tocar múltiples puertas y batallar con servidores públicos insensibles, Susana Zenteno Vázquez se dio por vencida y optó por luchar con sus propios recursos para sacar adelante a sus nietas, sumidas no solo en una crisis económica, sino también física y emocional.

Las cifras de feminicidios ocurridos en Puebla varían según la fuente. El Poder Judicial tiene registrados 314 procesos por la comisión de este delito desde 2012, año en que fue incluido el feminicidio en la legislación. La Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, asegura que se han cometido 275 asesinatos de este tipo desde 2015, cuando dio inicio su conteo oficial. En contraste, el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana, que basa sus números en reportes hemerográficos, afirma que han sucedido 652 crímenes en los últimos ocho años.

Si se multiplica por cinco el número de feminicidios reconocidos por el Poder Judicial, para hacer una estimación del conjunto de víctimas indirectas existentes en el estado, se tiene que se han acumulado mil 570 desde que comenzaron los conteos. Pero si se da como bueno el registro de la Ibero, incluso con tres años menos de análisis, debido a que comenzó en 2015 y no en 2012 como el órgano judicial, la cifra asciende a 3 mil 260. Todos estos seres humanos y sus necesidades posteriores al drama del feminicidio permanecen en la sombra, invisibles para el resto de la sociedad.

El Sol de Puebla presenta una investigación periodística que muestra el otro rostro de los feminicidios. A partir de la recopilación de 10 testimonios y la reflexión de las personas involucradas, ya sea como activistas, docentes o funcionarias, expone la necesidad de las víctimas indirectas de acceder a la reparación integral del daño, tanto para superar el episodio traumático en mejores condiciones emocionales como, principalmente, para volver a encauzar la vida que tienen por delante.


40 años de prisión es la condena mínima que recibe un feminicida

CASTIGO POR BUSCAR JUSTICIA

En Puebla buscar justicia por un feminicidio conlleva un castigo adicional, pues los familiares que lo intentan se enfrentan a obstáculos propiciados por la propia autoridad, que los termina por agotar de manera psicológica, emocional y económica. Así lo demuestran los 10 testimonios presentados en esta investigación, donde el común denominador es un deficiente sistema de justicia, que genera impunidad hasta en 89 por ciento de los casos debido a las irregularidades en los procesos legales, los líos burocráticos y el tráfico de influencias al interior de la Fiscalía y el Poder Judicial.

Los deudos –las víctimas indirectas– enfrentan largos tiempos de espera para ser atendidos, dificultades para presentar denuncias por desaparición, escasa atención por parte de las autoridades y restricciones de acceso a las carpetas de investigación. Además, se ven obligados a realizar trabajos y diligencias que corresponden a las dependencias públicas, como emprender la búsqueda de sus familiares, reunir pruebas, elaborar y entregar oficios, así como reconstruir el hecho delictivo. También hacen frente a la complicidad de las autoridades con los criminales, lo que se ve reflejado en la existencia de irregularidades en el proceso, negligencias, pérdida de evidencia y otras omisiones que se provocan de manera intencional.

Junto con todo eso, familiares de las víctimas de feminicidio padecen la falta de una red de apoyo interinstitucional que los acompañe a resolver la crisis por la que atraviesan. Ninguna autoridad ayuda a las hijas e hijos menores de edad con terapias psicológicas, recursos económicos, becas educativas o empleos –para sus nuevos tutores– que les permitan salir adelante después de un evento que les cambia la vida. Son los deudos adultos quienes tienen que pagar para enterrar a su víctima, empujar el proceso de impartición de justicia y recibir atención psicológica.


Oscar Vázquez Carrasco perdió a su hermana Maribel

La hija, sordomuda, única testigo el crimen

El caso de Maribel Vázquez Carrasco, quien falleció a manos de su expareja en marzo de 2020, evidenció la deuda que el sistema de procuración de justicia en Puebla mantiene con las víctimas indirectas del feminicidio, pero especialmente con aquellas que tienen alguna discapacidad. Nuria, una de las hijas de Maribel, es sordomuda. A los 19 años de edad presenció el asesinato de su madre por quien fue su padrastro y, pese a los intentos, no pudo defenderla. Además, al ser la única testigo de este hecho, se enfrentó a la incompetencia del Ministerio Público para declarar lo que sucedió.  No hay traductores para las personas sordomudas que son víctimas de un delito en Puebla. Peor aún, si una de estas personas quiere ser atendida por personal de esta institución, debe hacerse cargo de trasladar a su propio traductor para facilitar el trabajo, asegura Óscar Vázquez Carrasco, hermano de Maribel. Maribel fue asesinada el 8 de marzo de 2020 al interior de su domicilio. Horas más tarde, el culpable –que fue sentenciado a 42 años de prisión por este hecho en noviembre de 2023– dio aviso a Óscar sobre la muerte de su hermana argumentando que se había suicidado, ya que encontró en la discapacidad de su hijastra una oportunidad para encubrir lo que había hecho.  Y así fue, Nuria estuvo presente en medio de la discusión de su padrastro con Maribel, según lo que pudo narrar con apoyo de un traductor conseguido por su tío. “No hubo un perito que fungiera como ayudante para mi sobrina”, afirma.  La vida de Nuria y su hermano Daniel, que actualmente tienen 23 y 25 años, respectivamente, cambió completamente. Al morir su madre perdieron su sustento económico y emocional. Durante los primeros meses se quedaron con su tío Óscar pero la adaptación al cambio fue difícil, sin contar el daño psicológico que sufrió la hija menor.  Esta última no pudo completar un grado académico porque las escuelas a las que acudió no tenían la asistencia adecuada para enseñarle en lengua de señas, así  que se quedó sin la oportunidad de encontrar un empleo formal para ayudarse con los gastos que vinieron después de la muerte de su madre.  Hasta el mes de septiembre de 2023 logró encontrar un trabajo como empleada en una tienda. Tras vivir varios meses en distintas casas, en la de Óscar, en la casa de otro de los hermanos de su madre y en la de sus abuelos, trata de valerse por sí misma, pero le resulta complicado, señala su tío. Ella cambió radicalmente su forma de pensar, ya no confía en los hombres, incluso ha repetido que nunca quiere tener novio o alguna pareja sentimental, con el temor de sufrir lo que pasó con Maribel, su madre. Por su parte, Daniel, el hijo mayor de Maribel, pasó por un proceso distinto al de su hermana. Él sí pudo entender lo que ella trataba de expresar cuando vivió la muerte de su madre y fue una parte fundamental para que las autoridades no declararan su asesinato como un suicidio. A más de tres años de este hecho, continúa separado de su familia. Se fue a vivir solo y, según ha sabido Óscar, se refugió en el consumo de diversas sustancias para aminorar el dolor por el duelo.

NI JUSTICIA, NI REPARACIÓN DEL DAÑO

En Puebla solo existe una vía institucionalizada para brindar ayuda a las víctimas de delitos. Se trata de la Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas (CEAVI), un organismo creado en 2020 que depende de la Secretaría de Gobernación. Antes fue la Dirección General de Protección a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Fiscalía General del Estado, hoy desaparecida, la responsable de hacer esa tarea. Ambas se quedaron muy cortas en el cumplimiento de su misión.

El presupuesto de la Comisión, así como el resto de organismos locales destinados a esa materia en el país, es insuficiente para restaurar el daño físico, psicológico y económico causado a las víctimas directas e indirectas de feminicidios y otros delitos, vulnerando así sus derechos humanos, expone la maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Milca Judith Calzada.

La jurista e investigadora asegura que la escasa inversión en los órganos estatales de atención a víctimas representa una omisión y una falta de compromiso por parte de los gobiernos locales, como ocurre en Puebla. “Definitivamente es una falta de compromiso, porque si yo estoy observando que está pasando algo, que falta algo o que esto no está funcionando, pues como autoridad estatal está obligada a estudiar lo que está fallando y ver dónde se está rompiendo el buen trabajo”, subraya. 

Calzada señala que la demanda de servicios de la Comisión crece a la par que la incidencia de delitos como feminicidio y homicidio que, agrega, tienen al sistema judicial “totalmente rebasado”. Sin embargo, advierte que no incrementa igual la capacidad económica de las dependencias facultadas para atender dichos casos.

“El martirio no termina con la muerte de tu hija”

“Ya somos esclavos de las autoridades”, opinan Alicia Montiel y Erubiel Islas, padres de Esmeralda, víctima de feminicidio. A casi un año de su muerte, la burocracia del sistema de procuración de justicia en Puebla, aunada al desgaste emocional, complicó el proceso legal para que el presunto culpable reciba una sentencia.  “Nadie está preparado para ser víctima de un acto como este, no hay forma de tener experiencia para saber qué hacer, qué documentos preparar, a qué instituciones acudir y cómo denunciar. Recibir la noticia sobre la muerte de tu hija te paraliza, pero saber que el martirio no termina ahí, causa terror”, expresa Erubiel. Las instituciones de procuración de justicia y las dependencias externas para los trámites legal y administrativo no están preparadas para ser lo que deberían: un apoyo para las víctimas indirectas, por el contrario, se convirtieron en el paso más difícil de transitar para las familias que pierden a un ser querido. Hay una tardanza en el sistema de impartición de justicia, pero también hay una deficiencia en quienes establecen un contacto directo con la víctima, es decir, los servidores públicos, señala. “Ojalá nuestras autoridades se dieran una vuelta para que vean cómo es el trato, tenemos que ir varias veces, estamos viviendo nuestro propio dolor y aun así tenemos la fuerza de presentarnos para exigir justicia”, agrega Alicia. Si bien el trámite legal por la muerte de Esmeralda es tardado, parece seguir ‘correctamente’ su curso, señala la madre. Sin embargo, la ruta administrativa para recuperar la Afore, los puntos de Infonavit y demás ahorros que dejó Esmeralda, está plagada de obstáculos. Dos meses después de que la pareja sentimental de la víctima la asesinó al salir de su trabajo, los padres de ella siguen buscando justicia, al mismo tiempo que tratan de resolver los pendientes administrativos que implicó la muerte de su hija. Esmeralda era la hermana mayor de tres hijos. A sus 30 años había concluido dos carreras universitarias, una en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y otra en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ambas relacionadas con el área de Medicina.  Tenía grandes aspiraciones profesionales. El día que murió, por la mañana, le habían notificado que sería ascendida y empezaría a viajar por el país para supervisar diversas sucursales del laboratorio en el que trabajaba. Alrededor de las 18:00 horas salió de su trabajo junto con su expareja y su familia no volvió a saber de ella. Las risas, los momentos tristes y los logros de Esmeralda siguen presentes en su domicilio ubicado al norte de la ciudad de Puebla, que también es un recordatorio permanente de su partida. A finales del año 2023 la familia se mudó de casa con el objetivo de sobrellevar su duelo. También han buscado otras alternativas económicas, como la venta de abarrotes, para sobrellevar su economía los días en que deben abandonar sus trabajos para continuar con la búsqueda de justicia para Esmeralda.


Erubiel Islas y Alicia Montiel muestran una fotografía de su hija Esmeralda

Aunado a lo anterior, expone que, aunque la Ley General de Víctimas, expedida una década atrás, es un instrumento integral y justo, no existe un mecanismo estandarizado para atender a quienes vieron sus garantías vulneradas tras el asesinato de una mujer en su núcleo familiar. “Cada una de las entidades genera sus propios protocolos de actuación. Al haber una diversidad en protocolos de actuación se genera que no existan estándares mínimos o que no haya acciones mínimas garantizadas en las víctimas”, acusa.

Judith Calzada añade que las infancias, por ejemplo, que son las principales víctimas indirectas en los casos de feminicidio, requieren, además de atención física y emocional profesional, acompañamiento económico, mínimo, hasta que cumplan 18 años de edad o hasta que un familiar asuma su patria potestad. No obstante, argumenta que estas obligaciones se ven mermadas frente a la exigua disposición presupuestaria que muchos organismos, como la CEAVI, tienen.

Aunque hay recursos para ello, la reparación del daño y restitución de derechos para las víctimas indirectas de feminicidios en Puebla, principalmente infancias, son inaccesibles ante la falta de cercanía social y promoción de servicios de la Comisión, que es la única instancia obligada y facultada para restaurar las garantías individuales de quienes sufren en vida la muerte de una mujer. 

Más de 400 mil pesos en gastos

Desde el día que aconteció el doble feminicidio de Gardenia y Dulce, hace más de tres años, sus familiares han gastado más de 400 mil pesos en traslados, estudios y trámites para que se lleve a cabo, sin inconvenientes, el proceso de impartición de justicia para ambas víctimas.  Aun así, falta mucho más para que el presunto culpable pueda obtener una sentencia por el asesinato de su hija y de su nieta, lamentan Rufino Ortega y Gabriela Flores. Al trabajo que implica conseguir los recursos para continuar el proceso legal, se suman la tristeza y el desconsuelo del vacío que quedó en su familia.  No solo eso, pese al dolor, Rufino y Gabriela, las víctimas indirectas de estos dos feminicidios, deben continuar con su rutina diaria lo más normal posible, trabajar durante todo el día en sus respectivos oficios, como encargado de un taller y de una tienda de regalos, respectivamente, pero también deben estar al pendiente de cualquier avance en el caso de su hija y su nieta, quienes fueron calcinadas al interior de su vehículo en 2020, presuntamente por la expareja sentimental de Gardenia.  Hoy están obligados a guardar dinero cada fin de semana, limitar gastos, dejar de consumir ciertos productos y quedarse en casa. De vez en cuando deben cerrar sus negocios y trasladarse desde el municipio de Acajete a la ciudad de Puebla, un trayecto de aproximadamente una hora, para presionar a las autoridades en el afán de hacer justicia.  En el domicilio de Rufino y Gabriela continúa intacta la recámara donde su hija dormía con su nieta. Siguen ordenados los uniformes, la mochila y los útiles de Dulce, quien estudiaba la primaria. También continúan las cosas personales de Gardenia, que regresó a la casa de sus padres tras sufrir diversos abusos por parte de su expareja.  Gardenia tenía 26 años cuando murió. De acuerdo con los estudios realizados tras su muerte se supo que, cuando el automóvil fue encendido en llamas, ella y su hija seguían con vida al interior del mismo. 


Rufino Ortega y Gabriela Flores sufrieron por un doble feminicidio, el de su hija y nieta

Los familiares de las dos mujeres no descansan. Tratan de continuar con su vida aun con el temor de sufrir una represalia por parte del agresor, quien, relatan, tenía diversas relaciones criminales en el municipio. Gardenia llevaba poco más de un año de haberse separado de su feminicida y de volver a la casa de sus padres. En este sitio montó una tienda de regalos de la que ahora su madre se hace cargo. La familia de Gardenia no recibió ningún apoyo para pagar los gastos funerarios o psicológicos por la pérdida, mucho menos para los traslados desde Acajete a la ciudad de Puebla para dar seguimiento al trámite legal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).  Ambos padres viven al día, lo que ganan en una jornada de trabajo lo guardan para cuando tienen que salir de emergencia para revisar algún avance en el caso de Gardenia y Dulce. Por su cabeza no pasó invertir en un psicólogo y tampoco recibieron apoyo de uno por parte del Estado, pese al trauma que les provocó ver a dos de sus familiares calcinadas. “¿Y cómo vamos a pensar en eso?, nuestra cabeza está en otras cosas, para sanar tenemos a Dios a nuestro lado”, expresa.

Jocelynn Pérez, abogada responsable del área de Acceso a la Justicia y Violaciones Graves de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, de la Universidad Iberoamericana, que ha acompañado múltiples casos de violación a los derechos humanos por parte del Estado mexicano y particulares, califica la labor de la CEAVI como insuficiente. 

Lo más grave para la jurista es que la dependencia, desde su concepción en 2020, cuando entró en vigor la Ley de Víctimas del estado Puebla (LV), hasta finales de 2023, no había emitido reglas de operación para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), un apartado presupuestario diseñado para cubrir las necesidades secundarias de las víctimas. Y aunque hasta diciembre pasado se resarció el rezago, se desconoce sobre su aplicación debido al corto tiempo que lleva en vigencia. 

La Ibero Puebla publicó en 2022 que la CEAVI tuvo en 2020 un subejercicio de 1 millón 963 mil 931.76 pesos, es decir, cerca de 72 por ciento de su presupuesto aprobado entonces. Algo similar sucedió en 2021, cuando se quedaron sin utilizar poco más de 11 millones y medio de pesos, equivalentes a 38 por ciento del presupuesto total de ese año. Esto mostró que, pese a tener liquidez, el organismo omitió divulgar la convocatoria para el fondo de ayuda.

En el caso de las hijas e hijos de las víctimas de feminicidios y homicidios de mujeres, quienes son considerados víctimas por las leyes nacionales en la materia, a partir de la emisión de un dictamen del ministerio público, son beneficiarios obligados del FAARI, según la ley estatal en la materia.

Esto garantiza que, además de los servicios inmediatos de atención física y psicológica, así como acompañamiento jurídico, los infantes accedan a educación y alimentación digna, lo cual debe ser cubierto por el Estado poblano a través de ese fondo de ayuda, mediante apoyos económicos y becas, entre otros. Cualquier realidad contraria, enfatiza Pérez, viola la ley estatal.  

El mayor rezago del organismo, califica la abogada, es su “desidia”, puesto que las víctimas, no sólo en los casos de feminicidios, sino de cualquier ilícito, desconocen el procedimiento para acceder al FAARI, cuya elegibilidad es determinada por un comité evaluador o por el Poder Judicial.

“Mi mamá no quiere vivir, no quiere comer, nos destruyó la vida”


Alejandra Sosa acusa haber perdido la custodia de su sobrina debido al tráfico de influencias

El plan de vida de Alejandra Sosa cambió radicalmente en junio del 2014, cuando su hermana Olga Nayeli fue víctima de feminicidio y dejó en la orfandad a una niña. Hoy el asesino sigue sin recibir una sentencia a pesar de que confesó el crimen, y su sobrina quedó en custodia de los abuelos paternos, los padres del feminicida.  Alejandra quería desarrollarse como maestra, ser feliz con su esposo e hija y compartir esta dicha con su familia. Recuerda que había una buena convivencia con Olga, su hermano y su madre, pero ahora solo quedan ella y su mamá luchando para que se haga justicia, ya que él murió hace un año derivado de complicaciones médicas.  Nayeli fue asesinada por su esposo y padre de su hija, Moisés N, que la descuartizó para después llevarla a un terreno baldío en donde le roció gasolina y prendió fuego con la intención de deshacerse completamente de su cuerpo. Aunque confesó el crimen y recibió una sentencia de casi 44 años hace unos meses, su defensa inició un proceso de apelación que atrasará al menos dos años más la impartición de justicia. “La paz nunca la vamos a encontrar porque al final de cuentas él destruyó nuestra vida, nuestra familia”, denuncia Alejandra. “Todo nuestro proyecto de vida cambió, a partir de eso todo cambió, todo se destruyó, ya no tenemos la misma relación que teníamos, mi mamá ya no es la misma, ya no quiere vivir, no quiere comer, nos destruyó la vida”, agrega. La hermana de la víctima señala que su economía y ánimo se han visto desgastados, ya que ha pasado los últimos nueve años invirtiendo dinero para garantizar avances en la investigación y combinando su trabajo con la asistencia a audiencias y marchas de protesta para exigir justicia.  Comparte que los años posteriores al feminicidio de Nayeli fueron los más difíciles porque, junto con su madre, inició el proceso para pelear la guardia y custodia de su sobrina Sara, sin embargo, los abuelos paternos de la niña terminaron por ganarla mediante el tráfico de influencias. Respecto a Moisés, el feminicida, expone que se le han dado muchas facilidades, ya que está internado en el penal de San Miguel, en donde se sigue ganando la vida ejerciendo su profesión de médico y ha realizado estudios para pugnar por una reducción de su condena. Afirma que desde el inicio del proceso ha sido evidente el tráfico de influencias en el caso, ya que uno de los tíos de Moisés era magistrado del Poder Judicial, y en varias etapas intervino para apoyarlo, al igual que en el juicio de guardia y custodia de su sobrina.  La mujer agrega que junto con su familia buscó apoyo psicológico de forma particular y al inicio intentaron que su sobrina, Sara, lo recibiera a través de alguna instancia gubernamental, pero no lo consiguieron y tampoco tuvieron el respaldo de la ley para evitar que la niña quedara a cargo de los padres del feminicida. Hoy considera que solo va a poder avanzar en esta etapa de duelo cuando se dicte la pena máxima de cárcel para Moisés y se le dejen de dar alternativas para evadir la justicia.

NIEGAN RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS

De forma reiterada, la CEAVI de Puebla se niega a reconocer como víctimas a quienes sufrieron delitos, directa o indirectamente, como los niños que quedan en orfandad tras el asesinato de su madre o tutora, alertan Ana Gamboa, maestra en Estudios de Género y Cultura por la Universidad de Chile, y el abogado Roberto Rosete, integrante del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.

Luego de acompañar a múltiples víctimas de delitos en la entidad a través del Instituto, detectaron que quienes solicitan al Estado la reparación del daño y restitución de sus derechos se enfrentan a varias trabas burocráticas, como el reconocimiento de estatus de víctima. Rosete lamenta que quienes ya sufrieron la comisión de un delito sean orillados a recurrir a instrumentos legales, que muchas veces implican el pago imprevisto de honorarios, para seguir sus procesos, pero también para pelear que la CEAVI los reconozca como víctimas, lo que ocasiona un desgaste adicional. 

“Los padres del feminicida presumían de influencias”

Marcos Calderón soñaba disfrutar a sus nietos y ver realizados a sus dos hijos: Othoniel y Minerva; sin embargo, el feminicidio del que ella fue víctima en 2017 le arrebató su principal proyecto de vida y ahora solo tiene como objetivo que el asesino pague por lo que hizo, aunque afirmó que ni siquiera eso le devolverá la paz. El 21 de marzo de ese año Minerva fue atacada a puñaladas en su propia casa por José Rodrigo N, quien era un excompañero abogado que estaba obsesionado con ella. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que él salió del domicilio con el arma blanca y manchado de sangre.  Los padres de José Rodrigo son médicos reconocidos en la entidad y en ese momento presumían cercanía con funcionarios del gobierno estatal, encabezado por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, lo que habría dado paso al tráfico de influencias.  A más de seis años de que la joven abogada fue asesinada en su domicilio de la Colonia San José Vista Hermosa, en Puebla, su padre platicó vía telefónica con este diario desde su natal Durango, en donde vive con su esposa e hijo, todos con temor por su integridad física, ya que el feminicida de “Mine”, como la llamaban cariñosamente, sigue prófugo.  “Cambió completamente nuestra vida, dio un giro de 180 grados, no tengo nietos, ya no tengo a qué ir a Puebla más que a ver cómo va la carpeta de investigación o a ver que la Fiscalía no hace su trabajo. Me molesto, me enojo, pienso en mi hija y esto no lo merecía; mi hijo dejó su trabajo en Playa del Carmen para estar con nosotros, ya no siguió realizándose profesionalmente”, denuncia. Para los deudos de la joven egresada de la Universidad Iberoamericana Puebla, su muerte es una herida que no va a cerrar porque se han enfrentado a un proceso plagado de irregularidades. Su padre subraya que esto es lo que más dolor les provoca porque Minerva era abogada y odiaba la injusticia, no obstante, hoy es una víctima más de este problema, que mantiene a sus familiares en un desgaste moral, psicológico y económico. Calderón es químico clínico y su esposa Minerva Hernández maestra. Ambos han visto afectada su economía ya que deben buscar quien los supla en sus empleos cuando viajan a Puebla a demandar avances de la investigación en la Fiscalía General del Estado, gastando entre 10 mil y 14 mil pesos en cada visita. Incluso, recuerda que tuvo que pagar 13 mil pesos para que un abogado particular les consiguiera acceso a la carpeta de investigación porque la autoridad nunca los apoyó. “Nadie se acercó a darnos un apoyo psicológico, moral, alguna autoridad, nada”, acusa. Añade que tanto él como su familia hubieran querido tener el respaldo de autoridades capacitadas para atender este tipo de delitos con un trato más humano. Opina que la autoridad debería actuar de forma enérgica cuando se trata de feminicidios, ya que la orden de aprehensión para el responsable de asesinar a su hija fue liberada hasta tres días después, cuando él ya había tenido tiempo para atenderse una lesión, que ocurrió cuando la atacó, en el Hospital Ángeles, y huir con apoyo de sus papás, quienes eran médicos de ese nosocomio.

Minerva Hernández y Marcos Calderón, en los extremos de la imagen, con su hija Minerva

El abogado señala que estas carencias se derivan, entre otras cosas, de la falta de homologación del Protocolo de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas Directas o Indirectas de Violencia de Género, que a nivel nacional existe desde 2021. Lo anterior pese a que la Ley de Víctimas (LV) de Puebla contempla el cuidado de infantes.

Gamboa resalta que la LV reconoce a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio y homicidio como víctimas indirectas, por lo que, de forma automática, tienen derecho a la verdad, memoria, acceso a la justicia y reparación integral de las afectaciones. Por lo tanto, al negarse a reconocer dicha condición, la CEAVI ha obstaculizado la restitución de derechos y atención de bienestar físico y emocional.

“Existe un desgaste emocional que se da a lo largo de este proceso, y que este desgaste es incalculable; por lo tanto, la reparación tiene que ser de manera más amplia; las autoridades están obligadas a responder de manera eficiente, no sólo terapias físicas y psicológicas, sino con otras acciones que permitan cumplir otros objetivos”, apunta la maestra egresada de la Universidad de Chile. 

A través de un reporte elaborado en 2022 por Shanik Amira David George, integrante del Instituto, se supo, a través de solicitudes de información, que la CEAVI se encontraba en la última fase de construcción de un protocolo homologado para proteger a hijos de víctimas de feminicidio. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce si el proceso terminó o no.

Un proceso legal plagado de irregularidades

Esteban Orea Martínez tiene 59 años y había planeado disfrutar de esta etapa de su vida viajando con su esposa, luego de haber sacado adelante a sus cuatro hijos, sin embargo, desde hace casi cuatro años sus planes cambiaron y ahora deben cuidar de sus dos nietos, quienes quedaron en orfandad porque su mamá, María Elizabeth Orea Méndez, fue víctima de feminicidio.  El matrimonio tiene hoy como objetivo de vida ver que se haga justicia por la muerte de su hija y que sus nietos crezcan en las mejores condiciones posibles, aunque ambas cuestiones se han complicado porque después del crimen no han recibido ningún apoyo de la autoridad e incluso los niños han sido obligados a convivir con sus abuelos paternos, pese a la afectación psicológica que esto les representa. Manifiestan que viven con temor de que el responsable les haga daño, ya que está prófugo desde el día en que cometió el feminicidio, y las autoridades, lejos de avanzar en las investigaciones para detenerlo, han cometido irregularidades en el proceso. Por otra parte, sus consuegros, los y padres del feminicida, insisten en querer convivir con sus nietos, al menos vía virtual, y deben atender este segundo asunto, con el que están en desacuerdo, por la vía jurídica. 

Esteban Orea y Alberta Méndez cuidan ahora de sus dos nietos huérfanos

A Eli, como le decían de cariño familiares y amigos, la asesinó el padre de sus hijos, Jorge Ernesto N., en pleno día del amor y la amistad, luego de haber acudido a recoger a los menores al domicilio que ella tenía en San Martín Texmelucan, municipio en el que laboraba como maestra. El feminicida recogió a los niños y los alejó unos metros de la casa de su madre, para después regresar y quitarle la vida, asfixiándola con un cable. El crimen se consumó a tan sólo unos días de que ambos formalizaron el divorcio que ella comenzó a tramitar tres años antes.  Alberta Méndez, madre de Eli, indica que cuando se enteró del crimen no podía asimilarlo, ya que su hija tenía la intención de seguir estudiando y mejorar sus ingresos para beneficio de sus hijos. El padre de la víctima narra que sus nietos recuerdan aspectos del día del asesinato, ya que tenían nueve y 11 años, incluso uno de ellos les dijo que escuchó los gritos de su mamá mientras su papá le quitaba la vida, pero al poco tiempo él regresó al coche y se los llevó de ahí sin decirles nada. “Siguen con su duelo, a los dos los hemos escuchado llorar”, comparte Alberta, quien expresa que para los menores ha sido complicado afrontar la pérdida de su madre y eso se ha visto reflejado en determinados momentos de rebeldía o de poco interés por hacer sus actividades, como el asistir a la escuela.  Externa que nunca recibieron apoyo psicológico por parte de las autoridades, no obstante, sí lo obtuvieron a través de especialistas que ellos pagaron por cuenta propia. En cuanto a la manutención de los infantes, explica que corre a cargo de ella y su esposo, ya que nunca han recibido alguna beca o programa gubernamental. Los padres de Eli subrayan que hubo irregularidades por parte de las autoridades desde el inicio, ya que tardaron tres días en girar una orden de aprehensión en contra del responsable, a pesar de que los vecinos de la mujer asesinada lo habían identificado, de tal forma que le dieron tiempo para escapar y permanecer prófugo.

ADMITEN FALLAS

En tres años, la CEAVI se destacó por ser inoperante e incapaz de garantizar la reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas de delitos en Puebla, como feminicidios, pues nunca ejerció un solo centavo destinado para ello, reconoce en entrevista el titular del organismo, Germán Caporal, quien entró en funciones en marzo del 2023. El comisionado, quien es abogado por la Universidad Iberoamericana Puebla, maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla de La Mancha, en España, confiesa que recibió una institución desarticulada y lejana a los ciudadanos. 

Expone que su antecesora, Miriam Itzel Chávez, nunca elaboró las reglas de operación para el FAARI, razón por la cual no se brindó atención integral a las víctimas directas e indirectas, más allá de los servicios básicos que reconoce la Ley de Víctimas. Por lo tanto, el presupuesto destinado a la reparación del daño ha estado intacto.

Caporal dice que en siete meses resarció lo que en tres años no se hizo. De forma histórica, las reglas de operación del FAARI se emitieron hasta finales de 2023, ya en la administración actual. Según el comisionado, la composición de este mecanismo es obligación y una deuda del Estado poblano con las víctimas. Asegura que la dependencia requiere más presupuesto y personal, toda vez que existen solamente 20 plazas de asesoría jurídica en todo el estado. Esta situación, señala, rebasó la capacidad de la CEAVI, pues la incidencia criminal en Puebla es más alta que las posibilidades del organismo. 

El gobernador promete ayuda que no otorgó

El exgobernador poblano Miguel Barbosa prometió apoyo económico para las tres hijas de Susana Cerón Zenteno, víctima de feminicidio cometido por su pareja sentimental, Efrén N, en 2020. A más de tres años de los hechos, las niñas nunca recibieron el recurso, becas u otro incentivo por parte de la administración estatal, pese a que la víctima trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado.  Desde Casa Aguayo, sede de la administración estatal, el entonces mandatario declaró en conferencia de prensa, con fecha de 26 de noviembre de 2020, que instruyó, sin mencionar a qué funcionario o dependencia, apoyar a las hijas de la víctima, que en ese momento tenían 5, 9 y 11 años de edad. Al mismo tiempo, resaltó que su gobierno trabajaba para atender y prevenir los feminicidios. Mintió.  “Todos estamos en contra de los feminicidios y este gobierno hace acciones institucionales para ello. Tenemos la estructura, estamos en esa causa, en Puebla hasta el 80 por ciento de los feminicidios ya tienen a sus presuntos responsables en la cárcel (…) sí, claro que sí, yo ya lo instruí (dar apoyo económico) hay que ayudar a esas niñas, ya lo estamos haciendo y me voy a empeñar que sea así”, presumió Barbosa, que murió dos años después, en diciembre de 2022, frente a los representantes de los medios de comunicación. Pese a la versión oficial, la madre de la joven, Susana Zenteno Vázquez, quien dependía económicamente de su hija y ahora es responsable de las tres menores de edad, no recibió ningún apoyo.  Narra que por indicaciones de funcionarios estatales acudió a la Secretaría del Bienestar, entonces a cargo de Lizeth Sánchez García, hoy precandidata del partido Morena al Senado, para solicitar los beneficios  prometidos por el gobernador, pero los servidores públicos solo la hicieron dar de vueltas y no le otorgaron ninguna ayuda. Incluso, el funeral fue pagado por los hermanos de la víctima de feminicidio y otros familiares. Añade que la pensión que tendrían que pagarle por haber trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública no llegó. Zenteno Vázquez, una mujer de 68 años de edad, revela que tiene problemas económicos debido a que no cuenta con un empleo fijo. Las menores de edad y ella, víctimas indirectas del hecho criminal, sobreviven con el dinero que obtiene en trabajos informales. “Yo me hago cargo de las niñas, a veces voy a barrer salones, a lavar ropa ajena, vender cosas, pero solo puedo ganar 20 o 30 pesos, y eso es todo, así voy”, revela.  Por la serie de retrasos de audiencias en el Poder Judicial y malos tratos del personal de la Fiscalía General del Estado, la madre de la mujer asesinada califica al sistema de impartición de justicia como “una porquería”. “No ayudan en nada, hay muchas abuelas que están igual que yo y no hay respuesta, no confío en las autoridades, nos evaden las audiencias. Un policía la mató, qué nos podemos esperar”, cuestiona resignada. Susana Cerón fue asesinada en 2020 y hasta marzo de 2023 un juez de control del Tribunal Superior de Justicia vinculó a proceso al responsable, un ex policía estatal, por el delito de feminicidio cometido en contra de su pareja sentimental. El responsable sigue sin recibir sentencia.

Susana Zenteno Vázquez se hace cargo de sus tres nietas

DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA 

Es imposible saber cuántas mujeres han sido víctimas de feminicidio en Puebla, ya que solo algunos casos llegan a clasificarse de esta manera. Aunque en 2012 el Estado poblano clasificó por primera vez este delito, la FGE, que es el órgano encargado de emprender investigaciones para esclarecer hechos delictivos, comenzó a contabilizar los casos con dichas características hasta 2015

El Código Penal del Estado de Puebla en su artículo 338 establece que quien cometa el delito de feminicidio recibirá una pena de entre 40 y 60 años de prisión. Si la víctima cursaba un embarazo, la pena subirá 10 años en los rangos mínimo y máximo. Pese a eso, en México solo el 16 por ciento de los casos que se tipifican así llegan a una sentencia condenatoria. El resto, 84 por ciento, se mantiene en la impunidad, evitando que las familias accedan a la justicia. 

Falta de voluntad política e institucional, mala preparación y agentes del ministerio público rebasados por la carga de trabajo son las principales causas. Para especialistas adscritos a instituciones educativas y representantes de organizaciones civiles, la impunidad es un problema multifactorial, mayormente atribuible a las carencias de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado y no a los jueces del Poder Judicial, quienes se limitan a juzgar y resolver con la evidencia que se les lleva al estrado.

Simón Hernández, coordinador de la licenciatura en Derecho y director de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, explica que las fiscalías del país carecen de una adecuada investigación del delito, lo que impide llevar un proceso a resolución, luego a una sentencia y finalmente a la reparación del daño. “Tenemos décadas de rezago en generar capacidades institucionales de procuración de justicia. En el caso de Puebla lo hemos comprobado a través del acompañamiento de casos. Las fiscalías especializadas, a pesar de que tienen esta conformación, carecen de planes de investigación, de equipos multidisciplinarios y de trabajo forense con servicios periciales, con elementos científicos que favorezcan el acceso a la justicia”, detalla. 

Erika Velasco ha sacrificado la convivencia con su familia nuclear para cuidar a sus sobrinos

Sin ayuda psicológica para superar el trauma

El 21 de junio de 2022 es una fecha que Érika Velasco Román tiene grabada en su memoria, porque ese día se enteró del feminicidio de su hermana Paola, un hecho que describió como “su muerte en vida”. En la búsqueda de justicia solo se ha encontrado con un sistema judicial corrupto y el desamparo de las autoridades estatales para ayudarla a ella y sus tres sobrinos, hijos de la mujer asesinada por su expareja sentimental, quien no ha recibido condena por el delito.  Erika Velasco es una mujer amable, amorosa con sus sobrinos y aparentemente fuerte ante las circunstancias que atraviesa. Empero, una vez que se siente en confianza reconoce que su trabajo, la convivencia con su pareja, hija, familiares y amigos nunca será la misma. Un día antes del feminicidio de su hermana estuvo con ella y su pareja sentimental, Juan N., para festejarle su cumpleaños. Horas después ellos dos se marcharon a su hogar ubicado en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, de la ciudad de Puebla.  A Érika Velasco nadie le prometió ningún apoyo ni fue buscada por las autoridades para ofrecerle pagar el funeral, así que, en compañía de sus familiares, solicitó a través de redes sociales un apoyo económico para cubrir esos gastos. Y lo logró gracias a la buena respuesta de las personas. La gestión de los trámites posteriores al crimen la orillaron a dejar su trabajo y depender económicamente de su pareja sentimental. El 21 de junio de 2022, una semana después del asesinato, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres consiguió la vinculación a proceso del presunto responsable, hoy preso en el penal de San Miguel, aunque sin recibir sentencia todavía. Érika Velasco ha visto cómo la dilatación de las audiencias y los amplios tiempos de espera hacen que la gente se canse o no pueda seguir en la pelea para lograr un castigo para los feminicidas. Al mismo tiempo, pelea en tribunales con la familia del responsable, que busca quedarse con la custodia permanente de los menores. La mujer, víctima indirecta del crimen cometido en contra de su hermana, expone que la hija mayor de Paola requiere acompañamiento psicológico, ya que fue quien encontró el cuerpo de su mamá muerta y a raíz de eso es muy seria y ha sido víctima de burlas por parte de algunos de sus compañeros en la escuela. A pesar del dolor con el que carga, los malos tratos de las autoridades y su omisión en los procesos, no pierde la esperanza en la justicia, por ella, por sus tres sobrinos y por todos los casos que se mantienen en el anonimato, con más víctimas indirectas en permanente sufrimiento.

Las causas de la impunidad también abarcan factores como el desconocimiento por parte de los servidores públicos del resguardo de la escena del crimen, de las evidencias y la falta de investigación con perspectiva de género. Prejuicios machistas provocan que casos auténticos de feminicidio se registren como suicidios y que las desapariciones de mujeres sean descartadas. “La primera calificación jurídica impacta significativamente en el resto de la investigación, porque si se toma como suicidio algo que es un feminicidio se deja de investigar de inmediato, no se realizan las pruebas necesarias y en la mayoría de las ocasiones no se investiga con protocolos sobre muertes violentas”, agrega Hernández.

El especialista recomienda valorar siempre con perspectiva de género. Ello obliga a las autoridades a conocer el entorno, los antecedentes y el esquema de relaciones personales que tenía la víctima, lo que puede conducir a determinar, en las horas posteriores a la comisión del crimen, si hubo motivaciones de género e investigar de manera correcta.

Simón Hernández pone énfasis en el exceso de carpetas de investigación por agente del ministerio público, un elemento característico de las instituciones de justicia en México y en Puebla, lo que complica y muchas veces imposibilita el propósito de conseguir justicia. Tanto agentes, como peritos y policías están rebasados en la carga laboral, pero acusa que tampoco hay voluntad para corregir el problema.

“Una persona que tiene a cargo 80 investigaciones desde luego que no va a tener capacidades, pero junto con ese problema objetivo, porque es evidente que no hay suficientes personas, instrumentos ni servidores públicos especializados, también hay una ausencia de voluntad política, y lo vemos en casos donde no se investiga, no se dan resultados, hasta que una familia se va a manifestar, hasta que un hecho llega a los medios de comunicación, y entonces sí, eso aceita toda la estructura de la procuración de justicia”, lamenta.

El abogado y director de la clínica jurídica que lleva el nombre de una mujer víctima de feminicidio, Minerva Calderón, defiende a los jueces ante el florecimiento de la impunidad. Dice que son los menos culpables y que el mayor grado de responsabilidad recae en los trabajadores de la Fiscalía, quienes no incorporan las evidencias presentadas por los familiares de las mujeres asesinadas, quienes, para colmo, también cargan con las labores de investigación. Reconoce que hay casos de corrupción, pero indica que son pocos y que se dan en asuntos muy focalizados. 

Rosario Arrambide, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero, aporta más causales de impunidad. La inadecuada investigación del delito es la más importante. Ella expresa que toda muerte violenta de una mujer debe abordarse como feminicidio, no obstante, asienta que la mayoría se siguen tratando como homicidios o suicidios y que se desvía la línea de investigación de las razones de género.

Arrambide pide a las autoridades mirar un espectro más amplio de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, para indagar los feminicidios en relación con otro delito de extrema gravedad, como es la desaparición vinculada a la trata de personas. Esto, subraya, es ignorado por las autoridades encargadas de investigar los asesinatos.

Cuatro años en tribunales y no ven fin

La justicia no siempre llega con la aplicación de una sentencia condenatoria, muestra de ello es el caso de Mara Fernanda, la universitaria asesinada por un chofer de Cabify el 8 de septiembre del año 2017. El proceso para llegar hasta la condena de 50 años de prisión al acusado tardó más de cuatro años, pero hasta el momento la familia aún no recibe ningún tipo de indemnización y vive en la incertidumbre porque, de forma irónica, al sentenciado las leyes le obsequian un periodo de ocho años para apelar la decisión judicial. Tampoco el repudio y las manifestaciones que se realizaron a nivel nacional para demandar justicia lograron que el proceso legal se resolviera en un corto plazo, un problema que a la fecha enfrentan deudos de víctimas de feminicidio y que la justicia poblana debe enmendar, resalta la familia de Mara Fernanda. Transcurrieron cuatro años para llegar al juicio oral y sentenciar al feminicida, Ricardo Alexis, además de que pasó un año más para que fuera ratificada la pena de 50 años de prisión, bajo las reservas de que el acusado aún puede impugnar la resolución de las autoridades judiciales, ya que la ley permite al acusado seguir defendiéndose.

Alejandro Castilla y Gabriela Miranda

A pesar de que ya pasaron más de seis años del feminicidio de la joven oriunda de Xalapa, Veracruz, que en el año 2016 viajó a la ciudad de Puebla para estudiar la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), pues pretendía ser legisladora para defender los derechos de las mujeres, Alejandro Castilla y Gabriela Miranda, los padres de Mara Fernanda, desde aquel estado exigen a las autoridades judiciales y legislativas que hagan reformas jurídicas para que los feminicidas sean castigados en el menor tiempo posible y reciban penas más severas. Así se garantizará a los deudos justicia pronta y expedita, subrayan. “La sentencia no implica que ya se nos haya hecho justicia, pues hasta el día de hoy vivimos en incertidumbre porque por un lado todavía existe la posibilidad de que el sentenciado impugne, y por otra parte no hemos recibido ninguna indemnización, ni pago de reparación de daños, tanto del responsable (Ricardo Alexis) como de la empresa de plataforma Cabify, misma que ya impugnó la demanda en su contra”, revela Alejandro Castilla. “Ella significaba todo para mí, han pasado los años y sigue viviendo en mí. ¿Sabes?, podrás enterrar a un padre, a un esposo, pero enterrar a un hijo es muy duro, es algo que nunca se olvidará”, confiesa con pesar.

Otro factor de impunidad tiene que ver con el abandono de los casos por parte de los familiares de las víctimas. Ante procesos judiciales largos, la falta de un abogado que los oriente y la necesidad de gastar dinero que no tienen y que deben conseguir prestado, desisten de continuar las indagatorias y se conforman con recuperar los cuerpos de sus hijas, esposas, hermanas o madres, para tener un lugar donde enterrarlas y llorarles, explica Fernanda Díaz Torres, directora de la organización civil Justicia Ciudadana Puebla. “A veces los abogados alargan los procesos y la familia se cansa porque la justicia no es pronta, ni expedita, ni es gratuita, y es contar y contar la historia con procesos tan tardados que llegan a revictimizar a las familias”, denuncia.

IMPUNIDAD RONDA ENTRE 81 Y 89 POR CIENTO

Ana Laura Gamboa es académica de tiempo completo y responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. La activista afirma que del 100 por ciento de los casos que se investigan como feminicidios, solo el 16 por ciento llega a una sentencia condenatoria. Eso arroja un 84 por ciento de impunidad. 

Acusa que hay muchos obstáculos para la obtención de justicia e insiste en que la cantidad de carpetas es muy grande para un solo agente ministerial. Subraya que los feminicidios deben ser entendidos como la máxima expresión de violencia contra las mujeres, pero también como una continuidad de lo que muchas víctimas ya estaban viviendo antes de ser asesinadas, desde un entorno de violencia sicológica, comunitaria o sexual, que se da, en la mayoría de los casos, dentro de relaciones de parentesco o de pareja. “No se está haciendo nada para garantizar que ninguna otra mujer sea asesinada y eso es algo de lo que debe preocuparse el Estado”, sentencia.

Los familiares buscaron y encontraron solos el cuerpo de Abigail

A más de cuatro años del asesinato de Judith Abigail J. P., el caso sigue estancado e impune en la Fiscalía General del Estado, donde no hay empatía ni humanismo con los familiares de las víctimas de feminicidio, aseveran los deudos de la mujer que dejó en la orfandad a dos hijos. La institución encargada de impartir justicia también es omisa en actuar con prontitud en la búsqueda de mujeres desaparecidas y la mayoría de ellas son asesinadas, añaden. El feminicidio de Judith Abigail evidencia la falta de un protocolo para actuar de inmediato en la búsqueda de las víctimas, pues en este caso fueron los mismos familiares quienes se movilizaron con sus propios recursos y estrategias para localizar a la joven que en ese entonces contaba con 28 años de edad, tras ser “levantada” el 8 de agosto de 2019 en el entronque carretero de las vialidades Valsequillo-Tecali de Herrera. Fue así que sin apoyo alguno de las autoridades ministeriales la encontraron, pero ya sin vida, una semana después, en Santa Cruz Alpuyeca, en una zona boscosa del municipio de Amozoc de Mota. Ivana, hermana de Judith Abigail, con rostro desencajado lamenta que el caso parece ya estar archivado, pues junto con su madre lleva cuatro años y cinco meses acudiendo a la Fiscalía, llamando a las autoridades y tratando de ser recibidas por el fiscal Gilberto Higuera Bernal, sin lograrlo. “El caso siempre ha estado en la Fiscalía. Los dos primeros años acudimos a checar pruebas, pero con el paso del tiempo ya fueron menos atentos, dieron menos prioridad y fueron alargando las citas de unos días a meses y ahora ya ni nos reciben”, detalla Ivana. Judit Abigail era madre soltera y, tras su muerte, dejó a una hija de 14 años y a un niño de apenas un año y medio bajo la tutela de la abuela materna, quien, de no ser por el apoyo de su hija Ivana, no podría solventar los gastos del hogar, que incluye la manutención de los dos hijos de la víctima. Para sobrevivir, los deudos han tenido que dedicarse al comercio informal. Quien más sufrió la pérdida fue la hija mayor, Vannia, pues sus ilusiones de tener una fiesta de XV Años, rodeada de su familia, amigos y sobre todo de su madre, se vieron derrumbados. Tampoco llegará el viaje a París que tenían planeado. Haber perdido a su madre la orilló a encerrarse en su habitación, hasta que recibió de regalo una mascota, una gata de nombre Laila que fue la que la ha rescatado del aislamiento para volver a socializar.

Ivana, Vannia y Judith: hermana, hija y mamá de Abigail, en ese orden, a quien muestran en una fotografía

El estudio más reciente de la organización civil Impunidad Cero, respecto a los niveles de impunidad existentes en torno a los feminicidios en el país, correspondiente a 2022, revela que, en el caso de Puebla, había un registro acumulado de 88.7 por ciento desde 2016 hasta esa fecha. En el mismo documento queda al descubierto que, hasta 2021, la tasa de fiscales, policías de investigación y peritos existentes por cada 100 mil habitantes en Puebla estaba por debajo de la media nacional. En el caso de los fiscales y policías de investigación se contaba con un promedio de 8 por cada 100 mil habitantes y, en el de los peritos, de solo 5 por cada 100 mil. Estos números reflejan la carencia de personal de procuración de justicia en el estado, un problema que, de manera contundente, contribuye a la impunidad.

Los números del Poder Judicial, obtenidos a través de una solicitud de información hecha por este diario, no son muy diferentes. Según esto, el Tribunal Superior de Justicia emitió 59 sentencias, correspondientes a 314 procesos iniciados del 7 de noviembre de 2012 al mes de octubre de 2023. La cantidad de casos resueltos representa apenas el 19 por ciento, contra el 81 por ciento de los que siguen pendientes, en la impunidad.

TEXTOS: Paulina Gómez, Daniel Cortés, Daniela Hernández, Javier Zambrano, Mayra Flores, Victoria Ventura, Jared Carcaño y Joel Arcega. VIDEOS: Abraham González. Fotografía: Bibiana Díaz, Erik Guzmán y Julio César Martínez. Coordinador: Jorge Rodríguez.

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