Entre 2023 y 2024 se disparó 45% la desaparición de menores de 12 años en el país; las cifras de esos años son las más altas desde 2001

Ver partir a un hijo rumbo al cine para luego nunca volver. Esa es la herida que, desde hace 11 años, arrastra Marisela, madre y abuela que aún busca a cuatro de sus pequeños desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas. La desaparición de infancias en México, lejos de ser un caso aislado, ha alcanzado un récord, alimentando la desesperanza de miles de familias.

El 5 de noviembre de 2014, cuatro menores de edad desaparecieron en Reynosa. El mayor —y responsable de los otros tres— tenía 17 años. En el automóvil viajaban su hermano Juan, de 9 años, y sus dos sobrinos: Joel, de 7 años, y Julia, de 5.

Saúl —un nombre ficticio, igual que el del resto de las víctimas mencionadas en este texto—, llevaba a su hermano y a sus sobrinos al cine como premio por sus buenas calificaciones. Fue lo último que supo de ellos su madre y abuela, Marisela, integrante del Colectivo 10 de Marzo. Todavía los busca, pero lo hace desde el  anonimato, con un bajo perfil, debido a las amenazas del crimen organizado.

En México, el número de niñas y niños menores de 12 años desaparecidos se ha disparado en los últimos dos años. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre 2023 y 2024 fueron reportados mil 409 infantes como desaparecidos, es decir, se presume que su ausencia podría estar asociada con un delito.

La cifra va en aumento. En 2023 se registraron 576 menores desaparecidos; en 2024 ascendió a 833, lo que representa un incremento de 45 por ciento. Son los dos años con el mayor número de desapariciones de infantes desde 2001. En lo que va de 2025 —casi cuatro meses— ya se han reportado 274 casos más de menores de este rango de edad.

Marisela no logra asimilar la pérdida de sus dos hijos y dos nietos en 2014, porque no ha sido la única. En 2013, otro de sus hijos, de 19 años, fue secuestrado en un antro de nombre Frida, en la ciudad de Reynosa. Cuando acudió a denunciar las autoridades le pidieron que “no le moviera”, y entonces dejó de confiar en el sistema de procuración de justicia en México.

“Cuando a él se lo llevaron nosotros fuimos a hacer la denuncia. ‘Si usted le sigue moviendo, su familia puede correr peligro’, nos dijeron”, relata la madre buscadora.

Después, tres camionetas blancas en diferentes ocasiones visitaron su antiguo hogar, se hicieron pasar como del DIF y las amenazas continuaron. Por ello, decidió cambiar de domicilio y ahora cuenta su historia desde el anonimato, teme por su seguridad.

La denuncia de la desaparición de los cuatro menores de edad la hizo hasta dos años después, en 2016. La búsqueda de niños y niñas en el país, afirma, es deficiente.

“No se le da la importancia adecuada. Debería priorizarse su búsqueda porque son gente inocente, son unos niños inocentes que no tienen nada que ver. Apenas están conociendo la vida y no es justo lo que les está pasando, que se los lleven”, lamenta Marisela.

UNA CRISIS DE GRANDES DIMENSIONES  

Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización civil Tejiendo Redes Infancia y especialista en derechos de este sector de la población, explica que la desaparición de menores de 12 años está frecuentemente relacionada con conflictos familiares, aunque también con la violencia del crimen organizado.

“En menores de 12 años, la principal causa es la sustracción en conflictos familiares, pero también hay casos vinculados a venganzas entre líderes criminales”, señala Pérez García.

El especialista recuerda que, de acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, la desaparición en México es un crimen sistemático y generalizado:

“Sucede todos los días. Tenemos alrededor de 20 informes diarios de desaparición de niñas, niños y adolescentes”, detalla sobre las cifras que incluyen a todos los menores de 17 años.

Tratándose de niñas y niños de cero a 12 años, los registros oficiales indican que el Estado de México es la entidad con más casos: de 2001 a mediados de abril de 2025 acumuló mil 363 desapariciones, casi una tercera parte del total nacional. Le siguen Ciudad de México, Nuevo León, Puebla y Jalisco. Las entidades con menos casos son Campeche, Yucatán y Tlaxcala.

EL ESTADO NO DIMENSIONA LA GRAVEDAD

Irma Orgen Calderón, fundadora del Colectivo Uniendo Cristales, dedicado al apoyo y rastreo de personas desaparecidas, considera que la alerta AMBER, que se activa cuando un menor desaparece y existen circunstancias que sugieren que está en peligro, sigue siendo insuficiente:

“Se activa la alerta AMBER, pero falta profundizar más en la búsqueda. Los niños deben ser protegidos prioritariamente. No basta solo con la alerta”, advierte.

“El Estado debería actuar con mayor urgencia en estos casos. Percibo que no se da la urgencia necesaria. La familia es quien siempre termina presionando. El Estado no dimensiona la gravedad”, sostiene.

“Han desaparecido niños y yo percibo que no se le da esa urgencia. Todas las desapariciones deberían ser atendidas de manera urgente, pero con los niños deberían todavía dejar un mensaje de ‘no se tocan’. En México desaparecen y activan la alerta AMBER y se continúa con la búsqueda de acuerdo a lo que la familia vaya impulsando, pero en realidad es la familia la que siempre termina tomando estas acciones de lleno, las que terminan presionando, pero por parte del Estado no siento que se le dé la importancia a la gravedad del tema”, agrega la activista. 

La alerta AMBER se activa en casos de no localización de algún menor de edad. Así como en casos donde se presuma que la ausencia del menor puede estar asociada con algún delito. 

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas: “incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero”.

Asimismo se establecen delitos vinculados con la desaparición de personas, los cuales buscan penar “a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito”.

En el primer caso se establece una pena de 25 a 50 años de prisión; mientras que en el segundo la legislación habla de 15 a 20 años de cárcel.

Ambos tipos de delitos son los más recurrentes que se vinculan con la desaparición de un menor de 12 años en el país, según el RNDPNO. 

“La desaparición muchas veces es la puerta a otros delitos, por ejemplo, abuso sexual, tortura, violencia laboral, violencia sexual, reclutamientos”, explica Juan Martín Pérez García.

“La desaparición está directamente vinculada a la guerra, es un síntoma de guerra. México ha tenido dos momentos de guerra de manera concreta, la guerra sucia y la guerra contra las drogas, que es lo que viene sucediendo. Desde que comenzó esta guerra (contra las drogas), tenemos actualmente 113 mil 873 personas desaparecidas, de las cuales continúan desaparecidas y desaparecidas 17 mil 618, niños, niñas y adolescentes (menores de 17 años)”, agrega el especialista en derechos de la infancia.

“No importa cuántos sean, pero el hecho de que llegue la violencia hasta esta población es muy triste y muy delicado, pero pasa. Esta problemática no respeta ni género, ni edad, ni condición social, creo que nos alcanza a todos. Ha quedado un poco invisibilizado (…) Da mucha tristeza e impotencia saber que ya no hay límites y que no solamente pasa, sino que sigue incrementando”, lamenta Irma Orgen Calderón.

Podcast
  • Comparta este artículo

  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook
  • Facebook
Infancias en riesgo – Enriquecidos