Los abogados de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, habían intentado todas las vías jurídicas para liberar a sus clientes. Argumentaron tortura tras su detención, tratos inhumanos, incomunicación, delitos fabricados, delitos del fuero común que deberían ser juzgados en Jalisco, y no del fuero federal, que estaban siendo procesados en el Distrito Federal.

Ya había transcurrido un año y medio desde sus respectivas capturas y estaban presos en el Reclusorio Norte de la capital del país. El 1 de octubre de 1987, Francisco Alatorre Uróstegüi, quien encabezaba la defensa de los narcotraficantes, sorprendió a todos con un exhorto para el desahogo de una prueba para liberar a Don Neto.

El abogado argumentó que, desde finales de 1984 y hasta el 9 de febrero de 1985, en los días de la planeación, secuestro y asesinato de Enrique Camarena y Zavala Avelar, el inculpado había sido tratado médicamente y luego operado de hemorroides en la Clínica Obregón de Guadalajara.

En la declaración, donde uno de los procesados afirma que no estuvo presente en el lugar de los hechos, señala que “desde diciembre de 1984 (Ernesto Fonseca) padeció de dolores a causa de hemorroides, razón por la que estuvo hospitalizado desde esa fecha hasta finales de febrero de 1985, debido a que fue intervenido quirúrgicamente”. 

Con ello, la defensa pretendió sostener que entre el 7 y 8 de febrero de 1985, días en que fue secuestrado, torturado y asesinado Enrique Kiki Camarena, Don Neto estaba convaleciente de su operación. 

En una primera instancia, en su declaración preparatoria, Fonseca Carrillo no dijo nada sobre haber estado hospitalizado los días 7 y 8 de febrero, sólo se limitó a decir que estaba “muy cansado y enfermo”. En esa declaración negó los delitos que se le imputaron.

Ya en la ampliación de su declaración respondió preguntas formuladas por su defensor, en las que ratificó la versión de que en los primeros días de febrero de 1985 estuvo internado en la Clínica Obregón. Para comprobar su versión ofreció pruebas testimoniales y documentales de los médicos que supuestamente lo atendieron, así como de la clínica, las cuales fueron admitidas y desahogadas.

A raíz de la declaración y por denuncia de la representación social, el 21 de octubre de 1986, el Ministerio Público Federal Investigador inició la integración de la averiguación previa por los delitos de “falsificación de documentos y falsedad de declaraciones judiciales”.

En el Tomo XVII del expediente sobre este caso, la defensa solicitó una prueba pericial médica con dos proctólogos para el desahogo de las supuestas evidencias que estaban presentando a través de documentos médicos. 

Luego de que el Ministerio Público realizó las diligencias, el juez Primero de Distrito determinó que se habían falsificado documentos y declaraciones, por lo que también resolvió el ejercicio de la acción penal en contra del dueño de la Clínica Obregón, un doctor de apellido Iberri.  

Sueños de fuga

El 5 de octubre de 1987, los abogados de Caro Quintero y Fonseca Carrillo interpusieron una “demanda de garantías” en contra de distintas instancias judiciales, entre ellas la PGR, el Gobierno del Distrito Federal y el director general de Reclusorios, por la incomunicación en la que se encontraban sus clientes, además de “tortura”, “malos tratos” y “falta de alimentación”.

La defensa de los narcotraficantes afirmaba en el recurso que los capos y otros integrantes que pertenecían a esa organización delictiva se encontraban incomunicados en las celdas 10 y 10 bis del Reclusorio Norte, pero además que esa medida se tomó porque querían ser trasladados a “los separos de la PGR o a los separos de la Interpol”.

De acuerdo con el Tomo XX del expediente sobre el caso, los abogados argumentaron que otra de las justificaciones de las autoridades judiciales y penitenciaras para mantener esa incomunicación de los inculpados era porque existía la versión de un supuesto plan de fuga del Reclusorio Norte.

“Debido a diversas publicaciones que se hicieron en los periódicos de esta ciudad capital, entre los que podemos destacar el diario Unomásuno y Ovaciones, ambos de fecha 3 de octubre de 1987, en el sentido de que Rafael Caro Quintero se iba a fugar del Reclusorio Norte, para lo cual había hecho un túnel, y que el intento había sido frustrado por elementos de la Policía Judicial Federal, nos dirigimos el día de hoy (4 de octubre de 1987) a las instalaciones del Reclusorio Norte”.

Uno de los abogados que logró acceder a las celdas de los inculpados, Efraín García Ramírez, les comentó a los miembros de la banda delictiva presos que estaba corriendo la noticia de que Caro Quintero se iba a fugar por un túnel de ese penal.
“Nuestros defensos (sic) le manifestaron al licenciado que no sabían nada de esa noticia, que hasta el momento se estaban enterando de que los culpaban de que eran los autores del supuesto túnel que se estaba construyendo, cosa que ellos negaron rotundamente, ya que no tienen nada que ver con esas construcciones y mucho menos con el supuesto intento de fuga que les imputan”.

Con información de Rivelino Rueda, Juan Luis Ramos, Karla Mora y Alejandro Suárez; Gráficos: Daniel Rey e Israel Romero

Podcast